Mutuas de accidentes pagan a sus directivos casi 300.000 euros anuales con cargo a la SS

El Tribunal de Cuentas detecta gastos indebidos o no justificados por 14,9 millones

Miguel Á. Valero.– La polémica de las retribuciones de la banca, que está ya en el Congreso de los Diputados, se ha extendido a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades de la Seguridad Social. Y es que los miembros de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas se han sentido indignados con el informe de este organismo fiscalizador sobre estas entidades que oficialmente no tienen ánimo de lucro. Sus directivos, por lo que se ve, sí, ya que el Tribunal de Cuentas denuncia que los salarios en algún caso superan los 290.000 euros anuales. Además, ha detectado que las mutuas han cargado gastos indebidos que no puede asumir la Seguridad Social o que no están suficientemente justificados por un importe total de 14,9 millones de euros.

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas aprobó por unanimidad una propuesta de resolución que insta al Gobierno a establecer límites en los Presupuestos Generales del Estado en las políticas de personal y el régimen de los directivos de las mutuas de accidentes. Y que se aplique la Ley de Regulación de Conflictos de Intereses al régimen de incompatibilidades del personal directivo de estas mutuas, que son entidades privadas aunque gestionan fondos públicos.

El Parlamento exige además al Tribunal de Cuentas que haga una nueva fiscalización para comprobar la situación con posterioridad a la puesta marcha de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, cuyo reglamento además deberá revisarse para agilizar la actividad de las mutuas. El Tribunal de Cuentas enviará los datos obtenidos a la Sección de Enjuiciamiento para depurar las posibles responsabilidades contables de unas actividades que, según su presidente, Manuel Núñez, suponen "casi un mal general".

También se reclama al Gobierno para que ponga en marcha las "modificaciones normativas necesarias" para que la Intervención General de la Seguridad Social intensifique su control sobre las mutuas, con la participación de las comunidades autónomas. No salió adelante la propuesta de Izquierda Unida y de ICV para crear figuras de "intervención directa" en las mutuas ante los "claros déficits de control" revelados por el Tribunal de Cuentas.

Pero no todos están de acuerdo con el Tribunal de Cuentas. El sindicato UGT cree que el informe es "parcial y sesgado", porque durante los años investigados (2005-2006), no era de aplicación en el sector de mutuas la Ley de Contratos de Administraciones Públicas, que entró en vigor en el año 2007. Y deja claro que "no va a consentir que por culpa de unos y otros intereses políticos, se ponga en duda el modelo actual de gestión de las mutuas".

UGT reclama que el Gobierno cumpla su programa electoral de acometer una "reforma urgente e importante", y que aproveche para dar más participación de los trabajadores en la gestión y dirección de las mutuas, "ya que somos radicalmente contrarios a que con cargo a cuotas, se lucren intereses privados, cuando lo que está en juego es la salud e integridad de los trabajadores".

"Demandamos un mayor control presupuestario de las Mutuas, asunción de medidas de austeridad, mayor control por parte de la Seguridad Social en cuanto a las retribuciones de los niveles directivos, atajar definitivamente y de raíz la competencia entre Mutuas (primando únicamente la calidad en el Servicio) y una mayor capacidad de gestión de las Contingencias Comunes para eliminar los procesos "ficticios" que son abusivos para todos", insisten en UGT.