Bruselas presenta un plan de mínimos por la reticencia a ceder la supervisión bancaria
El proyecto supone un retroceso sobre el intento español de unificar los órganos supervisores
Las dos propuestas más novedosas del proyecto son la creación del Consejo de riesgos sistémicos y el Sistema de supervisores financieros. El primero se encargará de preservar la estabilidad del conjunto del sistema financiero y emitir alertas en caso de amenazas. El sistema de supervisores financieros estará formado por tres nuevas autoridades, responsables de los sectores bancario, asegurador y bursátil.
El plan no supone restar competencias a los supervisores nacionales, que seguirían siendo responsables de vigilar el día a día de la actividad de las entidades en su territorio. Pretende mejorar su coordinación para adaptarse a un sector financiero cada vez más integrado e interdependiente.
En el caso de España, el Banco de España, la Dirección General de Seguros y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, responsables de supervisar a bancos, aseguradoras y mercados bursátiles, continuarán desempeñando esas tareas. La Comisión cercenaría así los tímidos pasos de consulta que se habían dado hasta ahora en España para reducir estos organismos y hacerlos más eficaces.
Estas entidades estarán representadas en los nuevos organismos supervisores paneuropeos de donde emanarán los criterios comunes de supervisión. Serán también los encargados de adoptar las decisiones en caso de disputa entre organismos nacionales.
Bruselas pretende asignar a estas nuevas instituciones la vigilancia de entidades cuya actividad sea internacional, como es el caso de las agencias de calificación de riesgos. Entre las cuestiones por definir está el reparto de la carga financiera entre los países en caso de quiebra de una entidad transfronteriza.
El anteproyecto, que ha seguido los trámites habituales de las propuestas de la Comisión, con consultas reiteradas con los Estados miembros, antes de pasar al pleno del Colegio de Comisarios, ha provocado un rechazo explícito por parte de algunos países.
El Reino Unido es uno de los principales críticos con la propuesta por su resistencia a dar poderes vinculantes a las nuevas instituciones comunitarias de supervisión a las que se les encargará la adopción de estándares normativos comunes y mediar en caso de desacuerdo entre supervisores nacionales.
Londres, que no participa en el BCE al no pertenecer al euro, se opone abiertamente, como han recogido reiteradas veces los medios británicos, en los que el Ejecutivo de Gordon Brown encuentra un fiel aliado, a que el Banco Central Europeo controle el nuevo Consejo de riesgos sistémicos. Bruselas no descarta ceder a las presiones británicas y podría plantear que la presidencia del nuevo órgano no la ocupe el presidente del BCE sino el gobernador de un banco central de un estado miembro.
Jean Claude Trichet ha defendido desde el inicio de la crisis la conveniencia de que el BCE asuma más responsabilidades de vigilancia. Conocedor del celo británico por no ceder un ápice en la supervisión en materia financiera ha dejado claro que no quiere suplantar la función de supervisión de las autoridades nacionales, sino contribuir a la estabilidad global.
La Comisión busca dejar parte del trabajo hecho al próximo ejecutivo que debe renovarse en el otoño próximo, una vez se haya constituido el nuevo Parlamento Europeo, que debe autorizar al nuevo ejecutivo.
Por eso quiere que los líderes de los Veintisiete respalden su estrategia de reforma financiera en la cumbre de Bruselas de los próximos 18 y 19 de junio. La actual situación de inestabilidad, especialmente en el Reino Unido y la falta de designación del nuevo presidente de la Comisión hacen más volátil el proyecto que hoy presenta Durao Barroso en Bruselas
Bruselas pretende que el nuevo sistema de supervisión empiece a funcionar ya en 2010. Los expertos que redactaron las bases de la reforma apuntaban a 2012 como fecha objetivo. Los cambios se adoptarían en dos etapas.