El Juzgado de Instrucción 5 de Madrid investiga una denuncia por malversación de fondos públicos
Ignacio González fortalece su contraespionaje pese a las `diligencias previas´ judiciales por seguimientos
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid contrata un experto antiterrorista y lo coloca en el área de estudios del Canal de Isabel II
El nuevo empleado del Canal es profesor especializado en terrorismo internacional y sobre la radicalización del islamismo, ha pasado a formar parte de la subdirección de estudios, programas y responsabilidad social corporativa. La subdirección depende directamente de la gerencia del Canal y de su consejero delegado, Ildefonso de Miguel, quien a su vez reporta directamente al presidente del Canal, Ignacio González. Empleados de la empresa, que piden mantener el anonimato ante el temor de ser expedientados, consultados por Capital Madrid, han mostrado su extrañeza y su preocupación por este nuevo contrato.
La contratación ha sido realizada como miembro staff de la subdirección de estudios. Según los datos difundidos en Internet por el propio contratado por el Canal, hasta ahora ha desempeñado importantes trabajos en la unidad contraterrorista de la Policía, donde ha estado implicado en una serie de investigaciones contra bandas terroristas nacionales e internacionales, como ETA, Al Qaeda, GSPC, CIMC. En la actualidad realiza su doctorado en la Universidad de Granada sobre la radicalización del terrorismo islámico en el Este de Europa.
En el Canal se habían sorprendido hasta ahora por el cambio absoluto de los responsables de la gestión de la entidad. Esto ha llevado a situar a personas de la más absoluta confianza del gerente y del presidente de la entidad en los puestos de la adjudicación de contratos. Estas mismas fuentes aseguran que a partir de ese momento, el presidente Ignacio González, puede decir que los contratos se realizan de forma impecable, como ha dicho ante la Asamblea de Madrid. Es cierto, aseguran las mismas fuentes que los trámites pueden haberse seguido de acuerdo a la normativa y por personas que deben adjudicar estos contratos, pero previamente han sido designados por él para esa responsabilidad. Ahora les sorprende un contratado de estas características para el departamento que prepara la privatización de la entidad.
La contratación en el Canal se ha realizado hace unas semana, haciéndola coincidir con la decisión del juez de abrir diligencias por un supuesto delito de malversación de caudales públicos, según publicaba ayer el diario ‘El País'. Este diario destacaba que la decisión "pone el foco de la sospecha en la posible procedencia pública de los fondos que sustentaron dicha actividad y su supuesta vinculación con la Comunidad de Madrid".
El mismo diario desvela que hay un segundo frente de la justicia en el caso del espionaje, el desarrollado por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix, quien a lo largo de cinco meses ha impulsado una discreta investigación policial tras recibir las denuncias de Prada y de Cobo.
Moix, habría acumulado con una unidad de élite policial a sus órdenes, medio millar de folios de pesquisas. Tras sus indagaciones ha incorporado sus actuaciones al Juzgado número 5 de Madrid. El caso no parece cerrado, como les gusta decir a los máximos dirigentes de la Comunidad de Madrid.