Monitor de la Construcción
La demanda de un plan extraordinario de infraestructuras
La conciencia de que el sector no tiene capacidad por sí mismo para afrontar la crisis que está sufriendo desde hace un año largo y que parece evidente que se prolongará al menos dos años más, está en la base del convencimiento de que solo el segmento de obra pública es susceptible de tomar un cierto protagonismo si los poderes públicos asumen su papel de impulsores de una política de infraestructuras creciente, al menos durante un período de dos o tres años, como elemento equilibrador del singular deterioro causado por la práctica desaparición de la actividad en edificación. Las propuestas en este sentido más relevantes han provenido de asociaciones como ANCI CNC y SEOPAN.
SEOPAN, que agrupa a las grandes empresas incluyendo las cotizadas, solicita una inversión extraordinaria en obra pública que, si bien hace unos meses cifraba en una horquilla de entre medio y un punto del PIB, en las últimas semanas por boca de su presidente se ha concretado en el tramo alto, un punto del PIB equivalente a 10.500 millones de euros, y una duración inicial de tres años. Basa su propuesta esta asociación en que la inversión en infraestructuras se configura como un factor clave para aumentar la actividad a corto plazo -por la capacidad del gobierno de impulsar una política anticíclica en este campo- ya que es un factor clave en las fases recesivas de la economía para incrementar la productividad y el crecimiento y, por ello, para acelerar la salida de la crisis. En estos momentos, dice su presidente, la inversión pública tiene además un segundo carácter especial, por su capacidad de estabilizar la demanda agregada y, por tanto, para suavizar los efectos negativos sobre el empleo y la actividad de la actual fase recesiva. Aduce que la puesta en marcha del Fondo de Inversión Local, al tener carácter transitorio, debería intensificarse con un plan nacional de inversión en infraestructuras productivas que, además de estabilizar al economía, impulse la recuperación económica y el inicio de un nuevo ciclo de crecimiento sostenido.
Por su parte el Presidente de la CNC -en la que están integradas todas las asociaciones del sector incluyendo promotores, materiales o otras- ha manifestado recientemente que la escasa capacidad de gasto por parte de los ministerios más inversores, especialmente el de Fomento, es claramente insuficiente si se quiere frenar la masiva destrucción del empleo sectorial y que por ello demanda una inyección presupuestaria extra de, al menos, 10.000 millones anuales durante el próximo bienio para estimular la maltrecha actividad constructora derivada del hundimiento del sector inmobiliario. Apoya la CNC esta demanda en que hace más de un año el sector ya anunciaba que la merma de fondos estructurales procedentes de Bruselas requería que el gobierno español invirtiera unos 20.000 millones de euros adicionales durante cuatro años, por lo que dada la gravedad de la crisis actual y la excepcional situación de la economía productiva, es necesario que ahora se concentre este mayor esfuerzo inversor en dos años. ANCI, patronal de las medianas empresas del sector, pidió públicamente el pasado marzo un fondo extraordinario para inversión en infraestructuras de al menos 10.000 millones de euros, con argumentos similares a los ya expuestos. Hay, pues, una serie de coincidencias básicas. El importe de la inversión -en torno a los 10.000 millones de euros anuales-; su carácter extraordinario -dos o tres años al menos- y los posibles efectos beneficiosos para la actividad y el empleo.
Estas demandas de inversiones extraordinarias no son, sin embargo, nuevas, o al menos no del todo. Tanto su importe como muchos de los argumentos en los que se apoyan fueron elaborados por SEOPAN hace al menos un par de años por el entonces presidente Enrique Aldama y actualizados por la asociación en distintas intervenciones públicas desde entonces. En esencia esta argumentación se basaba en los siguientes puntos. En el período 2005-2008 las inversiones en infraestructuras del Estado tuvieron un crecimiento medio anual del 8,57%. Pero mientras que las inversiones asumidas por España en el período 2005-2008 fueron el 77,7% del total, en el período 2008-2012 y al descender la aportación de los fondos europeos, sería necesario que las inversiones asumidas por España alcanzaran el 88,8% del total. Por tanto, para mantener el esfuerzo inversor con el crecimiento medio alcanzado en el período anterior, a partir de 2008 serían necesarios unos 5.500 millones anuales más para enjugar la caída de fondos comunitarios durante el período.
En resumen, lo que las patronales del sector piden es la mitad de lo dicen, en términos de esfuerzo extraordinario y coyuntural. La otra mitad es lo que se necesita año tras año si se quiere mantener al menos el ritmo de crecimiento de las inversiones en infraestructuras habido en los últimos años. O dicho de otro modo, la mitad de los 10.000 millones extra en inversiones que se solicitan -el medio punto del PIB según la propuesta de SEOPAN o 5.000 millones anuales del total propuesto por la CNC y ANCI- deberían destinarse con carácter permanente a mantener el ritmo inversor anterior a la crisis; la otra mitad de lo solicitado sería ya la inversión en infraestructuras extraordinaria -y por ello con duración limitada- necesaria para alcanzar los efectos anticíclicos en la actual coyuntura y que el sector empresarial dedicado a la obra civil espera como agua de mayo o, en algunos casos y desgraciadamente, con el agua al cuello.