LA PIPARRA

El juicio que nunca debió abrirse

Todo el mundo sabe cómo comenzó el "caso Tabacalera" contra César Alierta, que ayer fue suspendido sine die por la Audiencia Provincial de Madrid, bajo la premisa de que debe estudiar previamente los argumentos del letrado defensor Horacio Oliva sobre la prescripción de los delitos imputados, si es que existen. La mano larga del director de El Mundo -en aquellos momentos en directo enfrentamiento con Telefónica por supuesto apoyo logístico al grupo Prisa- aparecía ineludiblemente, como en otras muchas cuestiones que perjudicaban las ambiciones monopolistas del periodista. Ya no insiste tanto y es que quizá haya `descubierto´ que no hay caso.

Las cosas han cambiado mucho desde entonces y hasta la acusación particular que llevó el asunto a los Tribunales -una fantasmagórica Asociación de Usuarios de Servicios Generales de Banca y Bolsa (Auge)- se ha retirado del caso, una vez que sus manipulaciones instigadas externamente fueran denunciadas por la revista Época. Ha quedado sólo el fiscal, que incluso ha admitido que no existieron perjudicados directos en el supuesto caso de información privilegiada. Ya se sabe, si no hay perjudicados, no hay caso.

Desde ayer, las cosas están así y asi seguirán hasta que la jueza decida si ha lugar continuar.

La Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid ha suspendido la celebración del juicio contra César Alierta y su sobrino, Luis Placer, por el 'caso Tabacalera' para estudiar las cuestiones previas presentadas por las partes, y sin fijar una nueva fecha para su continuación.

Durante la vista, el abogado defensor del presidente de Telefónica, Horacio Oliva, solicitó el sobreeseimiento de la causa por prescripción del delito, y recordó que  la Fiscalía General del Estado (2002), los juzgados de Instrucción (2003) y la Audiencia Provincial de Madrid (2006) archivaron el caso por esta causa.

La defensa de Alierta pidió también al tribunal que declare "la nulidad total del procedimiento" al considerar que la Fiscalía Anticorrupción carece de competencias para ejercer la acusación porque "no hubo perjuicio económico para la sociedad ni los intereses generales".

El letrado alegó la inexistencia de perjudicados particulares. "No estamos ante un ataque a la economía nacional ni a la seguridad del mercado --prosiguió--, y tampoco existen personas concretas perjudicadas".

Además, acusó al fiscal de "violar" el principio acusatorio establecido en el artículo 287 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la tutela judicial efectiva contemplada en el artículo 24 de la Constitución Española.

La acusación popular representada por la Asociación de Usuarios de Servicios Generales de Banca y Bolsa (Auge), que inició el proceso al presentar una demanda contra Alierta el 26 de septiembre de 2002, se ha retirado del procedimiento.  

Por su parte, el fiscal acusó a Alierta y Placer de "utilizar información privilegiada para no soportar los riesgos que tienen los demás inversores" y de beneficiarse de su posición para obtener 1,86 millones de euros con la compra-venta de acciones de Tabacalera en 1997.

"Existe una abrumadora elocuencia de pruebas documentales", expuso el fiscal Alejandro Luzón, quien argumentó que actúa "en defensa de los intereses generales" y "en nombre de la Fiscalía General del Estado", aunque reconoció que "no existen agraviados concretos" por los hechos que se juzgan.

El fiscal rechazó la existencia de prescripción del delito, acogiéndose a la doctrina del Tribunal Supremo, y defendió que el daño "se produjo contra la credibilidad del mercado de valores, la confianza de los inversores y la transparencia del mercado".

El fiscal arremetió contra la actuación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que archivó la investigación por estos hechos en 1998, a la acusó de realizar una investigación "limitada y defectuosa" y de no aportar los documentos a la causa.

"La situación financiera actual ha llevado a la ruina a los pequeños inversores y no a los presidentes de las compañías", concluyó el fiscal, que pide cuatro años y seis meses de cárcel para Alierta y cuatro años de prisión para Placer por uso de información privilegiada.