LA CRISIS DE LAS CAJAS
El PP presiona al Banco de España y exige responsabilidades penales en CCM
Los populares no están satisfechos con las explicaciones que les ha dado el Gobierno y el Banco de España sobre lo que ha sucedido en la Caja de Castilla La Mancha en los últimos años. No entienden por qué, si ya en 2003 los inspectores detectaron riesgos, no se ha intervenido con mayor celeridad. Y no entienden que se quiera reducir todo a una responsabilidad administrativa. Reducir el castigo a los administradores a una multa de 150.000 euros y diez años de inhabilitación para ejercer en una entidad financiera, no les parece suficiente. Por eso quieren, que si fuera el caso se exijan, responsabilidades penales para los responsables directos de la gestión de la caja. El partido conservador busca ahora encontrar una posición única y rotunda. Tras el informe elaborado por el equipo de Luis de Guindos, consideran que tienen su propia hoja de ruta para intervenir al margen de las diferencias de donde deba constituirse la comisión de investigación.
Mientras algunos de los responsables en el ámbito económico quieren que se llegue hasta las últimas consecuencias tras la creación de una comisión de investigación en el Senado, otros piden cautela. En especial los diputados y senadores castellano-manchegos que dicen no querer perder la posibilidad de que se investigue en las Cortes de Castilla La Mancha.
Confían en que allí se podría producir el golpe de gracia al presidente de la Comunidad, José María Barreda. Saben que no aprovecharon al gravísimo error político de Barreda en la gestión de la tragedia del incendio de Guadalajara y quieren aprovechar los enormes errores de gestión de Juan Pedro Hernández Moltó para cobrarse ahora, cuando lleguen las próximas elecciones autonómicas, la pieza de Barreda. Todos los ya conocidos entre los más favorecidos por la arriesgada política de créditos de Moltó son los amigos del presidente. Dicen que ahora falta la letra pequeña de los créditos a otros amigos más del presidente. Son créditos menos cuantiosos. Pero traducidos a pesetas se trata de muchos miles de millones.
El propio presidente del PP, Mariano Rajoy, se mostró ayer contrariado con lo ocurrido y cómo se lo han contado. Tras detallar que primero tuvo conversaciones con el Gobierno en las que le aseguraron que la fusión con Unicaja "estaba hecha", añadió que días más tarde y una hora antes de la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para anunciar la intervención se le dijo que "había que sustituir a los gestores" de la Caja y autorizar un préstamo de un máximo de 9.000 millones de euros.
Por ello Rajoy exige que si el Gobierno quiere su apoyo y el de su grupo parlamentario, le tiene que presentar un plan, la consabida hoja de ruta, para favorecer la solvencia de las entidades financieras y asegurar que a las familias y a las PYMES les llegan los créditos.
De nuevo ha ratificado que su partido apoyará al Gobierno en garantizar y aumentar la solvencia de las entidades financieras. Eso sí, siempre y cuando el Ejecutivo tenga un plan perfectamente diseñado y consensuado con la oposición.
Para Rajoy, es fundamental la reestructuración del sistema financiero. Si el sistema crediticio no funciona es imposible que se produzca una recuperación económica en España en un plazo relativamente breve. Pese a que tratan de analizar con optimismo la mejora del diferencial de las emisiones del Tesoro, no quieren dar un apoyo explícito al Ejecutivo si antes no hay un compromiso. El consenso no implicaría que si se detectan responsabilidades penales se pida la máxima celeridad en el proceso legal más adecuado.