Monitor de la Construción
La obra pública, receta anticíclica del Gobierno para superar la crisis
En lo que afecta más directamente a la construcción y en concreto a la obra pública, el nuevo titular del Ministerio de Fomento José Blanco -y también la nueva vicepresidenta económica, Elena Salgado- inician su mandato con asuntos de gran calado pendientes y de enorme incidencia en la actividad constructora. No por casualidad fue el primer encuentro que se produjo el pasado jueves -un día después de la formación del nuevo Gobierno- entre dos miembros del nuevo Ejecutivo de Zapatero.
En la situación actual, en la que la crisis se ha instalado en todas las actividades productivas, y en la que la construcción atraviesa especiales dificultades que se reflejan claramente en la caída de la actividad y del empleo asociado, tanto directo como indirecto, la obra pública es el único segmento de la construcción en la que se puede incidir desde políticas públicas contracíclicas, que hasta ahora, y excepto con el Fondo Estatal de Inversión Local, más destinado a pequeñas obras en el ámbito municipal y de duración corta, no ha sido precisamente una de las opciones utilizadas por el Gobierno.
El urgente aumento e intensificación de la licitación pública en 2009 y años siguientes, esencial para elevar los niveles de actividad; las disponibilidades de inversión nueva -restando lo ya comprometido- de las dotaciones presupuestarias para este año; la necesidad de cambios en las reglas de juego relativas a asuntos de tanta entidad como el control de las bajas temerarias o la clasificación de contratistas; la correcta resolución de los problemas existentes en los contratos CPP de reforma y rehabilitación de las autovías de primera generación y la licitación en términos aceptables de los seis contratos pendientes en este ámbito; la decisión de apelar o no, en qué medida y con qué reglas a la financiación privada para aumentar la actividad en obra pública; la salida de la difícil situación que la actual práctica en las expropiaciones necesarias para acometer determinadas obras están causando en las empresas adjudicatarias; qué política respecto al necesario crecimiento de la red de carreteras de alta velocidad por sistemas de pago por uso se va a instrumentar... Estas son algunas de las cuestiones urgentes e importantes que el nuevo Gobierno ha de afrontar y de cuya correcta solución depende en gran medida la evolución este año y el siguiente de la actividad de la construcción.
Reactivar la licitación es la prioridad indiscutible puesto que la dependiente del ministerio de Fomento está sufriendo el mayor descenso que se recuerda en los últimos años, pasando de 2.437,9 millones en los dos primeros meses de 2008 a 763,6 millones en el mismo periodo de 2009, con una caída del 68,7%. Dentro de este organismo, la licitación promovida por AENA bajó un 82,4%, y la de las autoridades portuarias cayó un 62%, mientras que sólo creció -8,8%- la promovida por ADIF. Para ello no bastará agilizar los proyectos ya existentes o la confección y tramitación de otros nuevos; también hay que disponer de fondos para ello. Y teniendo en cuenta que al menos las dos terceras partes del presupuesto del ministerio de Fomento para este año destinado a inversiones en infraestructuras están ya comprometidas, el margen de maniobra del nuevo ministro es muy pequeño. Por ello ha de ingeniarse para encontrar fórmulas alternativas -por medio de planes extraordinarios de creación de infraestructuras con recurso al déficit público como por ejemplo se está haciendo en Estados Unidos, por sistemas de pago diferido o vía financiación privada u otros sistemas de colaboración público-privada- que permitan mantener esta parte de la actividad en las cotas que actualmente serían recomendables.
La corrección a través de los pliegos de licitación de las actuales bajas temerarias es una cuestión capital porque si ya han venido siendo anormalmente bajas en los últimos años, lo serán aún más en esta época de escasez de actividad y por ello de competencia feroz entre las empresas. Es necesario que en los nuevos pliegos se introduzcan mecanismos eficaces para atenuar estas bajas y elevar la ponderación actual de la valoración de la oferta técnica sobre la de la económica, evitando así que muchos concursos sean en la práctica puras subastas encubiertas. Este problema está ahí mismo, dada la intención del ministerio de Fomento -que se espera sea mantenido por el nuevo ministro- de licitar en breve los seis contratos que restan del conjunto del plan de rehabilitación y mantenimiento de las autovías de primera generación En los que se adjudicaron entre finales de 2007 y principios de 2008 las reglas del juego que establecían los pliegos -obviando que estos contratos no eran de pura construcción, sino concesiones-, unido a la singular concurrencia de ofertas que se presentaron, motivaron bajas muy acusadas que en algunos casos se están demostrando insostenibles. Estas bajas en su adjudicación, junto al enorme deterioro de la situación financiera que ha encarecido y dificultado enormemente la consecución de crédito, están motivando retrasos y costes añadidos en estos proyectos, que pueden llegar a ser insoportables al quebrantar gravemente el necesario equilibrio económico-financiero de estas concesiones.
Una cuestión ligada de algún modo a la corrección de bajas temerarias, pero también de singular importancia para llevar a buen fin la obra pública es el sistema de clasificación de empresas autorizadas a concurrir en ese mercado. Está en trámite de consultas un proyecto de Real Decreto que desarrollará la nueva fórmula de clasificación de contratistas. Es necesario que se agilice; que se incluya en él una fórmula nítida y estricta que determine tanto los requisitos que acrediten solvencia de las empresas en relación con el volumen y características de las obras, como los que justifiquen las aptitudes técnicas de las empresas licitantes, específicamente para obras de características o dificultades especiales. Por ello debería considerar no sólo una clasificación previa en función de determinadas variables y grupos, sino establecer normas para que, sin distorsionar la competencia pero tampoco como un mero trámite que, como ocurre con el sistema vigente, no diferencie entre aquellas empresas con capacidad sobrada y las que no la tienen. La clasificación debería ser, en definitiva, un filtro que evite que empresas no preparadas o sin la solvencia exigida, puedan acceder a la realización de proyectos que por su envergadura o dificultad, no puedan acometer con garantías de éxito.