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Publicado el martes 31 de marzo de 2009
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Monitor del Seguro

El Gobierno tira de los fondos del Consorcio para avalar los seguros de crédito

Los ex directivos de AIG dan marcha atrás.- ING pide a su vez devoluciones de sus bonus.- Legal & General anuncia 650 despidos.- Inverseguros suspende el reemboiso de fondos inmobiliarios

Ricardo Lozano Aragüés, presidente del Consorcio de compensación de segurosIgnacio Aranguren.– En el campo del seguro, uno de los ramos que se está viendo más perjudicado por la actual crisis es el de crédito -por el que las empresas se cubren ante posibles impagos de los clientes a los que han vendido a crédito- debido al fuerte incremento de la morosidad. Las aseguradoras se han visto obligadas a encarecer  y restringir la comercialización de estas pólizas en los últimos meses debido a las fuertes pérdidas que han tenido en 2008 y en los primeros compases del año actual, lo que les ha provoca una importante caída en su capacidad de aseguramiento. Concretamente el seguro de crédito dio cobertura en el pasado año a operaciones por 200.000 millones de euros y las aseguradoras del ramo tuvieron indemnizaciones por un total de 800 millones de euros. La cobertura de este seguro sobre el volumen total de operaciones a crédito entre empresas se estima en el 30%, proporción que sitúa a España como el mercado con mayor penetración de este seguro y el quinto del mundo por tamaño. Además, las compañías españolas que operan en este ramo encuentran muchas dificultades para poder reasegurar sus riesgos en el extranjero, lo que dificulta mucho más el realizar este tipo de seguros.

En medio de toda esta problemática ha surgido una solución muy aceptable, que consiste en utilizar al Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) para reasegurar una parte de estas operaciones, con lo que en última instancia este organismo se hará cargo de una parte de estos riesgos. Además, compensará parte de las pérdidas en las que incurran las aseguradoras por los riesgos que continúan asumiendo, con lo que se espera que estas actividades provoquen al Consorcio unas pérdidas de 160 millones de euros este año. El riesgo total que asume el CCS se estima en 200 millones de euros, aunque se espera lograr un resultado neutro en un plazo de tres años, compensando las posibles pérdidas del primer año con beneficios posteriores.

Esta iniciativa se recoge en un real decreto ley, que fue aprobado en el último Consejo de Ministros, dentro de un importante conjunto de medidas de estímulo económico. Con ella, según el Gobierno, "se limitan los riesgos asumidos por las aseguradoras y se garantiza que las empresas puedan seguir vendiendo a crédito a sus clientes". La medida, que beneficiará en conjunto a 45.000 empresas y a 1.300.000 proveedores, favorecerá especialmente a las pymes, ya que están sometidas a mayor presión para vender a crédito a sus clientes y tienen mayores dificultades para acceder a otras fuentes de financiación. Este apoyo público garantiza que se puedan llevar a cabo operaciones comerciales por valor de hasta 40.000 millones de euros.

La medida no es muy original, ya que en estas mismas páginas señalamos que a principios de marzo la Confederación Española de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco), pidió al Gobierno que emplease al Consorcio de Compensación de Seguros para respaldar los riesgos que cubran las aseguradoras y así de paso solucionar la falta de liquidez que hay en el mercado. Pero a pesar de todo ha sido muy bien acogida por todas las partes implicadas.

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, resaltó, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la mejora en la cobertura de las empresas que supondrá la medida por la que el Estado cubrirá parte de los riesgos de impago empresariales y de las pérdidas que estos incumplimientos ocasionen a las aseguradoras de crédito. Según Solbes, con esta actuación "quitamos riesgos a las aseguradoras y favorecemos a las empresas, que con más crédito aumentarán las ventas y se podrá fomentar la actividad".

Para materializar esta medida, a la que se podrán sumar las operaciones de seguros de crédito en vigor desde el 1 de enero de 2009, se firmará un convenio entre el Consorcio y la patronal del sector, Unespa, al que se adherirán las entidades voluntariamente, aunque se espera que lo hagan la práctica totalidad de las aseguradoras del ramo. Las tres principales aseguradoras (Mapfre, Crédito y Caución y Cesce), que acaparan el 90% de estas operaciones, han adelantado que piensan acogerse al sistema.

Algunos ejecutivos de  AIG aceptan devolver las primas

Las presiones y las amenazas están surtiendo su efecto y son ya varios los ejecutivos de la aseguradora estadounidense American International Group (AIG) que han Anunciado que devolverán las cantidades recibidas. Concretamente, 9 de los 10 empleados en la filial de productos financieros que recibieron las compensaciones más elevadas han estado de acuerdo en devolver las cantidades recibidas y en total son 15 entre los 20 con las bonificaciones más altas, según informó Andrew Cuomo, fiscal de Nueva York. Cuomo también reveló que alrededor del 47% de la cantidad total, lo que supone unos 80 millones de dólares, fueron concedidos a empleados estadounidenses.

Y es que a la fuerza ahorcan, porque después del pago de las elevadas bonificaciones que realizó la aseguradora, la Cámara de Representantes de EE.UU. votó a favor de cobrar un impuesto del 90% sobre este tipo de pagos en empresas que hayan sido rescatadas. Además las críticas a estos "bonistas" les han llovido desde todos los estamentos gubernamentales, empezando por el propio presidente Obama y terminando por la opinión pública, ya que según una encuesta de la CBS dos de cada tres estadounidenses considera inaceptable que las empresas que han recibido ayudas del Gobierno en los últimos meses de miles de millones de dólares de los contribuyentes paguen primas a sus empleados. Y, para colmo, se han recibido amenazas para los ejecutivos de AIG que han cobrado bonificaciones y hay presiones para conocer sus nombres, mientras que el fiscal Cuomo se niega a hacer pública la lista de los "afortunados".

Pero no terminan aquí los problemas de la aseguradora, ya que algunas de sus rivales se han quejado al presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, de que las ayudas federales a esa firma perjudica la competencia, ya que AIG ha aprovechado la situación para bajar los precios y así ganar cuota de mercado. Según las compañías rivales, en algunos productos las rebajas han llegado al 30%, lo que desvirtúa el mercado.

AIG ha salido al paso de estas quejas aduciendo que no usa los fondos públicos para ganar mercado y que no aplica precios más bajos, simplemente reflejan "la frustración de rivales que a mediados de septiembre pensaron que nos estábamos marchando". 

Así de complicada está la situación de la que no hace mucho fuera la mayor aseguradora del mundo, lo que ha provocado que su dirección se plantee un cambio de nombre. Y en eso están. De momento ya están quitando el cartel más grande con las siglas del grupo en las oficinas del centro de Manhattan.

La compañía señala que puede vender el edificio de su sede central como parte de sus medidas para conseguir fondos con los que pagar su deuda con el Gobierno, pero tampoco niega la posibilidad del cambio de nombre, que bien podría ser el de AIU Holdings Ltd. El propio presidente ejecutivo de la firma, Edward Liddy, señaló recientemente a una subcomisión de la Cámara de Representantes que creía que "el nombre de AIG está tan fuertemente herido y dañado que probablemente tendremos que cambiarlo".

ING pide a sus ejecutivos que renuncien a las bonificaciones

Con el escándalo de AIG, el tema de las devoluciones de las bonificaciones se está extendiendo también a otras empresas financieras que han recurrido de una forma u otra a las ayudas estatales. Este es el caso del grupo holandés de banca y seguro ING que a través de su presidente Jan Hommen, ha pedido los altos cargos de la entidad que renuncien a sus bonificaciones de 2008.

Aunque se trata de "una petición moral", según Hommen, muchos de los 1.200 directores de ING a los que se les ha pedido que renuncien a sus bonificaciones están dispuestos a hacerlo.  La entidad tampoco concederá de momento bonificaciones para 2009 sino  compensaciones variables hasta tener lista su nueva política en materia de primas en 2010.

La británica Legal & General anuncia 650 despidos

Otra aseguradora a la que también le han ido muy mal las cosas es a la británica Legal & General (L&G), cuyos beneficios cayeron más de un 56% desde los 4.100 millones de libras (unos 3.813 millones de euros) en 2008 hasta los 1.800 millones de libras esterlinas (1.674 millones de euros), un año antes.

Estos resultados han obligado a la empresa a tomar serias medidas correctoras para que paguen los de siempre. De momento han anunciado un recorte de la plantilla del 10%, lo que supone unos 650 despidos y reducir a la mitad el dividendo que pagan a sus accionistas. Concretamente la retribución a los accionistas pasará de los 4,1 peniques de a 2,05 peniques por título.

El objetivo de estas medidas es el de mantener lo mejor posible su balance de resultados, que se ha erosionado por el descenso del valor de sus inversiones, mientras que la compañía anuncia su intención de ser más conservadora ante la posibilidad de adquirir nuevos negocios, y reducirá su dependencia de los negocios relacionados con las hipotecas.

Inverseguros suspende el reemboiso de fondosinmobiliarios

Y es que las hipotecas y la construcción en general aparecen como principal origen de la actual crisis. Y si no que se lo digan a Inverseguros, entre cuyos accionistas figuran Mapfre, Aegón, Allianz, Zurich, el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) y Nacional de Reaseguros que, a imitación del Santander, se ha visto obligada a suspender -de acuerdo con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)- el reembolso de participaciones de su fondo de inversión inmobiliario Segurfondo Inversiones durante un periodo de dos años, por no disponer de liquidez suficiente para atender a las solicitudes.

Según Inverseguros, el fondo recibió peticiones de reembolso por un importe de 585,7 millones de euros en marzo, lo que representa el 96,8% de su patrimonio. De acuerdo con la CNMV la entidad gestora del fondo reembolsará hasta un 10% del fondo en dos plazo, en abril y en junio y el resto queda en sus pensó durante esos dos años citados, para que no tenga que malvender deprisa y corriendo su patrimonio inmobiliario. se