El Gobierno asume un riesgo imprevisto apenas 48 horas antes de la reunión del G20
La negativa del auditor a firmar las cuentas de Caja Castilla-La Mancha precipitó la intervención
El Banco de España asegura hasta 9.000 millones de euros para garantizar la liquidez de la primera caja intervenida en más de medio siglo
A dos días de acudir a la Cumbre del G20, Zapatero ve cómo no es defendible el actual sistema de cajas, cuya peculiaridad de ausencia de dueños le imposibilita un esquema de ayudas como el diseñado por EEUU o el Reino Unido. Resurge la idea de la necesaria concentración del sector en unas seis cajas para lo que el Gobierno no descarta en utilizar su poder de influencia y su lobby, incluido el mismo Emilio Botín, para que convenza a Mariano Rajoy de que tiene que echar una mano. Eso sí, sin que el presidente del PP pueda incluir en esa agenda las peticiones que le interesan.
Pese a que se trataba de una muerte más de cien veces anunciada, la noticia cayó ayer en Castilla-La Mancha como una bomba. Es lo único realmente importante que ha ocurrido en los últimos 30 años. El consejo del Banco de España había tomado la decisión el sábado. Algunos de los consejeros, que ya tenían previsto acudir a descansar al ‘lugar del crimen', no quisieron cambiar sus planes y se fueron a Toledo y Cuenca, aunque les resultara imposible no tener que comentar el tema. Nadie pregunta en Albacete o Ciudad Real una sola palabra a un diputado o senador por la renovación del Estatuto. Pero no hay cacería, tertulia en el bar o conversación mientras se dan unas bolas en el golf de Layos, Torrijos o Talavera, donde no surja la Caja como el tema de conversación desde hace meses.
¿Qué pensará José Bono de que el proyecto de Ley que hizo aprobar a mediados de los 90, con la representación adaptada para que lo socialistas volvieran a dominarla, sea, en parte, responsable del fracaso de la Caja? La adaptación de sus estatutos es una copia de lo que ahora ocurre en Caja Madrid. Muy pocos escribimos entonces, frente a la oportuna denuncia actual, en contra de las explicaciones increíbles de despolitización de los estatutos con los que intentaban justificar su decisión de controlar la caja manchega los socialistas de la región. Su regulación era muy importante. Afecta a la primera empresa de la comunidad por los recursos que utiliza y por el empleo directo que proporciona a más de 3.000 personas.
¿Cómo podrá poner como modelo Zapatero el sistema financiero español si más de la mitad de esas entidades no tienen dueño, lo que dificulta su sistema de rescate cuando lo necesitan? ¿Tiene sentido que el dinero lo ponga el Banco de España y lo garantice el Tesoro, es decir todos los españoles, y luego quien decida sobre la entidad rescatada sea el presidente de la Comunidad Autónoma afectada?
Al margen del planteamiento general para modificar al estatuto jurídico de las cajas que deben realizar las fuerzas políticas, está el caso concreto de las operaciones en las que haya intervenido la entidad, la Comunidad Autónoma, algunos ayuntamientos y algunos prohombres regionales. Sin olvidarnos del papelón que ha jugado el novio de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, tanto en la propia Caja como en algunos de los proyectos estrella como es el Aeropuerto de Ciudad Real.
Porque resulta que los terrenos donde se ha construido el aeropuerto estaban considerados como Comarca Especial de Protección de Aves, CEPA. Para cambiar su denominación el proyecto tuvo que ser considerado de especial interés (PSI) decisión que se adoptó desde la Junta de Comunidades en Toledo. La Junta lo hizo sin que los alcaldes tuvieran capacidad alguna para intervenir en su contra. Las aves protegidas de Ciudad Real, tras leer el boletín oficial de la Comunidad, decidieron al día siguiente irse a Jerindote, en las cercanías de Torrijos, en la provincia de Toledo, la nueva zona protegida por decisión de José María Barreda. El Presidente debería explicar si alguna parte de esos terrenos le afectaban a algún familiar. Así como a quien beneficiarán las plusvalías que se esperan alcanzar, si finalmente se alcanza un acuerdo de venta a los intereses dubaitíes. No será la única explicación que sería bien recibida por los ciudadanos. También interesa conocer el cambio de denominación necesaria para poder parcelar un terreno que previamente se había cambiado su afectación para ser exclusivamente un aeropuerto.
Puede parecer una anécdota, pero no lo es. El portavoz de la sociedad que gestiona los intereses del Aeropuerto es el marido de la alcaldesa de Ciudad Real. Ella es del PP. ¿Cuántas han sido sus denuncias ante lo que parecen actuaciones cuestionables por parte de la administración regional del PSOE?
Ninguna actuación, ni la penal, queda excluida después del cambio de administradores decidido el sábado por el Banco de España. Será necesaria mucha transparencia en el proceso. El Banco de España tiene el ejemplo de casos anteriores donde cualquier papel significativo no dejó de aparecer en los medios. Aunque no necesariamente siempre tengan que acabar en manos de ‘El País'.