Quintás insiste en denunciar el `bochorno´en la entidad madrileña
El Gobierno paraliza la estrategia de acoso de Aguirre sobre Caja Madrid
Recurre al Constitucional la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid
El Gobierno ha ordenado a la Abogacía del Estado que presente un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la nueva Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid, anunció hoy la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. El Ejecutivo, que ha adoptado esta decisión tras contar con el dictamen favorable del Consejo de Estado, fundamenta este recurso en que la norma, impulsada por el Gobierno que preside Esperanza Aguirre, "altera los criterios de proporcionalidad establecidos en la ley estatal de Cajas de Ahorros de 2003" en la representatividad de las corporaciones locales.
La decisión gubernamental, que ha sorprendido por los principios jurídicos utilizados, se proiduce en medio de una batalla política sin precedentes por el control de la entidad madrileña. De alguna manera, el Gobierno de Zapatero se involucra en una guerra intrapartidista del Partido Popular, en la que el alcalde de Madrid Alberto Ruíz Gallardón se ha enfrentado a su correligionaria Esperanza Aguirre, presidente de la Comunidad madrileña.
De hecho en la guerra se han "mojado" casi todos los políticos del Estado y hasta los directivos independientes de las cajas de ahorro. Uno de ellos ha sido el presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (Ceca). Ayer, Juan Ramón Quintás reiteró sus palabras del pasado martes en el Foro Nueva Economía, en el que criticó a PP y PSOE por abrir expedientes a consejeros y miembros de la Comisión de Control de Caja Madrid por no votar según sus órdenes, lo que es ilegal, y tachó el caso no de "lamentable" como Solbes el día anterior sino como "esperpéntico" y "el intervencionismo político más descarado que he visto en mis 26 años en la Ceca".
Nada más conocer lo que era previsible, que Quintás no rectificaba, el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, emitía un comunicado en el que calificaba al presidente de la Ceca de "lobbysta" (sic), porque "defiende exclusivamente los intereses de quienes le pagan". Al mismo tiempo, le llamaba "ignorante" al confundir, según él, regulación financiera con intervencionismo político: "Cuando la Comunidad de Madrid modifica el marco regulatorio de Caja Madrid, está simplemente ejerciendo las funciones que son de su competencia, y que nada tienen que ver con la injerencia en la gestión de la entidad".
Es más. "Cuando se trata de confundir regulación, supervisión y control con el puro intervencionismo en la gestión financiera, el objetivo último es siempre el mismo, el defender determinados privilegios y ocultar las zonas de mal funcionamiento", subrayó Beteta, que no concreta las acusaciones contra el presidente de la Ceca. Pero el consejero de Economía madrileño, el mismo día que Quintás hablaba de "esperpéntico", dejó para la posteridad una de sus perlas argumentales, más cercana al estalinismo que al liberalismo que dice propugnar su presidenta Esperanza Aguirre: "Los altos ejecutivos de las cajas, en atención a la legislación vigente, "han sido puestos por el poder político emanado del pueblo, a través de los diputados que aprueban las leyes".
Al acoso y derribo de Quintás se apuntó también el vicepresidente y portavoz del Gobierno regional, Ignacio González, quien insistió tras el Consejo de Gobierno presidido por Esperanza Aguirre en que la nueva Ley de Cajas, aprobada a finales del pasado año en la Asamblea de Madrid, "hay que cumplirla, como el resto de normativas que se aprueban porque si no esto sería una selva", y rechazó la posibilidad de modificarla, como pidieron el presidente de la Ceca, el Ayuntamiento de Madrid y el propio consejo de Caja Madrid. "El procedimiento en un Estado de Derecho no es la rebelión contra la ley y el desacato, sino el cumplimiento y la impugnación ante los Tribunales de justicia", retó González.