La morosidad de Caja Castilla La Mancha se concentra en sus participadas

Quiebras de empresas participadas por CCM, relacionadas con las tramas Correa y Malaya

Global Cartera de Valores, DHO, Masdevallia y One Properties, un quebradero de cabeza para el equipo de Hernández Moltó

Miguel Ángel Valero.– Cuando más se mira peor se ve. La extrema situación de Caja Castilla La Mancha (CCM) puede ser algo más que un problema de pésima gestión y de riesgos mal calculados en el sector inmobiliario. De ahí el interés de los gobiernos autonómicos de Castilla la Mancha y de Andalucía -ambos gobernados por el PSOE- en tapar las cosas con una fusión interregional de cajas. Así no hay que explicar de dónde viene la alarmante mora de la CCM. Pero los impagos están cortados todos por el mismo patrón. Créditos a filiales o participadas de la propia caja, que luego van a morosos y de ahí a la suspensión de pagos. Está todo inventado desde la etapa de Jesús Gil y la desaparecida Caja Postal de Luis Delso. Veamos algunos ejemplos. Habrá más. A finales de 2008, Global Cartera de Valores, sociedad propietaria del 5,9% de la Inmobiliaria Colonial y fundada por el empresario de Ciudad Real Domigo Díaz de Mera, que en la propia CCM es descrito como "uno de los hombres de Barreda" en alusión al presidente del Gobierno autonómico de Castilla La Mancha, presentó concurso voluntario de acreedores al no poder hacer frente a las deudas de casi 70 millones que acumulaba con la inmobiliaria Reyal Urbis. Esa deuda se contrajo cuando Global Cartera de Valores adquirió el 1,34% de la inmobiliaria Colonial a Reyal Urbis. Pero no es la única empresa participada por Caja Castilla La Mancha (CCM), directamente o a través de CCM Corporación, en situación de quiebra.

Porque la decisión de la entidad que preside Juan Pedro Hernández Moltó de permitir que su participada -el aspirante a gigante de la construcción Dico Harinsa Obrum (DHO)-, presentara  el concurso voluntario de acreedores, deja en el aire los principales proyectos inmobiliarios e industriales con los que este grupo, con financiación por supuesto de la propia CCM, pretendía impulsar el desarrollo de Castilla La Mancha.

Entre ellos, el complejo turístico y de ocio Reino de Don Quijote, el Centro de Salud Talavera V,  viviendas de protección oficial o el aeropuerto de Ciudad Real, que aunque despegó recientemente, vislumbra ahora no pocos problemas en el horizonte.

CCM Corporación posee un 10,5% de este conglomerado de empresas. Con domicilio fiscal en Toledo, DHO contaba con una plantilla de 1.200 empleados directos y más de 2.000 proveedores. Su caída deja a trabajadores en huelga de hambre en Madrid y todo un reguero de proyectos en el aire, no sólo en Castilla-La Mancha, sino también en la Comunidad de Madrid (como el Centro Socio cultural de Torrelodones o un aparcamiento para residentes en Moncloa-Aravaca) y en Castilla y León: el Parque Tecnológico de León. También deja huérfanos de patrocinio eventos deportivos que van desde el ciclismo a la natación o el tenis.

Díaz de Mera también es el principal accionista del aeropuerto de Ciudad Real, participado en un 25% por CCM. Y es el dueño del equipo de balonmano Ciudad Real, patrocinado con unos 300.000 euros anuales por CCM. Ignacio Barco Fernández participa con Díaz de Mera en el aeropuerto y en Grupo Lábaro, una inmobiliaria que presentó concurso de acreedores el pasado año, además de en varios negocios de comunicación en Ciudad Real. Barco también es el propietario de las bodegas Pago del Vicario, de Ciudad Real.

Pero DHO no da problemas a CCM sólo por la quiebra. Un ex directivo de DHO denunció  ante la Fiscalía Anticorrupción que los propietarios de la compañía, Julián Jiménez de los Galanes y Francisco Colado, pagaron hasta 30 millones de euros en sobornos  a cambio de favores urbanísticos a funcionarios y alcaldes de municipios sobornos a políticos y funcionarios en la Comunidad de Madrid (Valdemoro, Majadahonda, Las Rozas y Boadilla del Monte), Castilla-La Mancha (Toledo y Ciudad Real) y Andalucía (Cádiz y Vera, en Almería). La denuncia salpica, entre otros, al consejero de Presidencia de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, que fue alcalde de Valdemoro entre 1999 y 2003. Granados niega estas acusaciones.

Según la denuncia del ex director financiero de DHO, Jiménez y Colado "habrían incurrido en un posible delito de cohecho al pagar comisiones por diferentes favores,  como recalificaciones de terrenos", además de fraude a la Hacienda Pública, doble contabilidad, pagos con dinero B, evasión de capitales a paraísos fiscales.

Las actividades de DHO salpican a CCM en el caso Gürtel y en la supuesta trama de Francisco Correa, ya que la constructora era muy activa en el Ayuntamiento de Boadilla, cuyo alcalde era Arturo González Panero hasta su forzada dimisión ante su imputación por el juez Baltasar Garzón.

Otra quiebra, también con implicaciones judiciales. Resulta que Juan Antonio Roca, el principal imputado de la Operación Malaya como responsable de urbanismo en el Ayuntamiento de Marbella, debe 40 millones de euros a CCM por créditos concedidos a dos de sus sociedades: Masdevallia y One Properties, promotoras de los proyectos Nueva Ribera Beach Club y Nueva Ribera Golf Club en Los Alcázares (Murcia). El administrador judicial ha solicitado concurso de acreedores ante una deuda de 80 millones.

Sólo tres promotores inmobiliarios provocan que el 40% de los recursos propios de CCM estén en el aire: Ignacio Barco, Domingo Díaz de Mera y Román Sanahuja. Curiosamente, los tres considerados cercanos al PSOE y, al menos los dos primeros, ambos empresarios de Ciudad Real, integrados en el grupo de los "hombres de Barreda". La caja ha concedido en los últimos años créditos a las sociedades patrimoniales de estos tres promotores (Solventia, Indoma y Sacresa) por un valor total de 700 millones de euros, según fuentes internas de CCM. Un dinero pendiente de pago y cuyo cobro va a ser una cuestión urgente para los ejecutivos encargados del desembarco de Unicaja en CCM.

Todos estos créditos impagados de las inmobiliarias provocan que la morosidad de CCM se haya multiplicado nada menos que por siete en un año. Porque operaciones en las que con financiación de CCM "los hombres de Barreda" han tenido un protagonismo destacado, como en el aeropuerto de Ciudad Real, parecen "agujeros sin fondo", como las describe un ex directivo de la caja. Ahora CCM muestra una gran prisa por deshacerse de su 25% en la sociedad promotora del aeropuerto de Ciudad Real. El problema es que nadie quiere hacerse cargo de esa participación.