Monitor de la Construcción
Habrá deducciones fiscales al cliente y rebajas en el IVA
La rehabilitación también es sostenible
Juan Lazcano se lleva el gato al agua en el anteproyecto de Economía Sostenible
Desde hace ya año y medio, con sus estilo mesurado y conciliador, Lazcano ha defendido con tenacidad ante las instituciones y la opinión pública que lo más sensato para que la construcción pudiera salir antes y mejor de esta severa crisis era, por una parte, poner las prioridades en incentivar actividad y no en subvencionar desempleo. Y por otra que, constatado que la debacle de la actividad de construcción de nueva edificación durará al menos los próximos tres años, hay que fomentar la producción de los dos subsectores restantes que representan la mitad a partes prácticamente iguales de lo que la construcción factura cada año, la obra civil y la rehabilitación.
Para la primera ha defendido, al unísono con prácticamente todas las restantes instituciones sectoriales, la urgencia de apelar con mucha mayor intensidad a la financiación privada o mixta, cosa que también está en marcha, zigzagueante por las dificultades con las entidades financieras y la "desconfianza normativa" del ejecutivo, pero en marcha al fin y al cabo. La Ley de captación de capitales con este fin -en debate en el Congreso- y las medidas contenidas en esta nueva Ley van en esa dirección.
Para la rehabilitación la CNC ha venido pidiendo su inclusión en el Plan de Vivienda con carácter de "rehabilitación de protección oficial" (en el último Plan de estas características que vio la luz el año pasado, ya se incluye esta actividad tanto en el propio título del Plan como en las ayudas públicas incluidas en el mismo, si bien las dificultades de su complimiento por parte de las entidades financieras ha convertido hasta la fecha en papel mojado sus disposiciones al respecto) así como extender, en las actividades de rehabilitación, el tipo reducido del IVA más allá de las labores de albañilería, hasta ahora la único oficio agraciado con esta rebaja impositiva.
Las iniciativas que ahora incluye la nueva propuesta de Ley de Economía Sostenible en relación con la rehabilitación vienen adobadas, como es habitual, en palabrería pseudo-ecologista. Este tocho exige un esfuerzo ímprobo ya no para su comprensión, sino para su simple lectura, dado los tropecientos temas inconexos que desarrolla con el lenguaje menos inteligible del mundo: el administrativo, versión española. Sus casi 200 páginas son una especie de contenedor de esos que se ponen en la calle al lado de obras de todo tipo y en las que todo el que pasa aprovecha para tirar lo que le sobra, hasta que llegan otros a husmear a ver si hay algo aprovechable. Lo de la denostada Ley de Acompañamiento a los Presupuestos, que tantas invectivas recibió de estos chicos ahora en el Gobierno, es una broma al lado de semejante disparate inconexo, en el que las disposiciones finales y transitorias suman más páginas que el texto de la Ley propiamente dicho.
De esta barahúnda se puede colegir a duras penas que los titulares de vivienda habitual con ingresos menores de 24.000 euros podrán deducirse en la declaración de renta el 7,5% de lo gastado en rehabilitación de la misma y el 10% -solo hasta el 31 de diciembre de 2012- del importe de las obras que se realicen efectivamente y que tengan por objeto "la sustitución de las instalaciones de electricidad, agua, gas u otros suministros, así como las obras de rehabilitación energética o que favorezcan la accesibilidad de las viviendas", deducción que también se podrá aplicar por las cantidades que se depositen para este fin en entidades de crédito, siendo su tope máximo de 9.040 euros para aquellos contribuyentes cuyas rentas anuales no superen los 17.707 euros y menor según la renta vaya creciendo hasta un máximo de 24.000 euros como ya se ha indicado.
Extiende los créditos hipotecarios y sus garantías a esta actividad y también modifica la Ley del IVA extendiendo la aplicación del tipo reducido, además de a las obras de albañilería, a las de rehabilitación energética incluidas las que fomenten el uso eficiente del agua y aquellas cuyo fin sea la supresión de barreras y mejora de la accesibilidad, siempre que el destinatario sea persona física -aunque en obras de rehabilitación "sostenible" se extiende a las comunidades de vecinos-, la vivienda sea de uso particular, que hayan pasado al menos dos años desde su construcción o de la anterior rehabilitación, y que en esas obras el propietario no aporte materiales cuyo importe sea mayor del 20% del coste del total de la operación.
¿Cómo es posible que esta farragosa Ley/ómnibus de tan rimbombante nombre no haga ninguna mención a la economía sumergida, cuya erradicación contribuiría en gran medida a la tan pregonada "sostenibilidad" de la economía nacional? Probablemente porque el Gobierno sabe que si de verdad hubiera casi cuatro millones de parados stricto sensu, la calle estaría tomada por los desesperados y eso les pone los pelos como escarpias. Con la crisis, la economía sumergida ha crecido probablemente a cotas insospechadas, lo que permite a muchos parados oficiales ir tirando... y a muchos empresarios y autónomos desaprensivos e insolidarios no contribuir al esfuerzo común de quienes tiene ingresos para con los que no los tienen, a través del correspondiente y proporcional esfuerzo fiscal.
Si de verdad se quisiera luchar contra la economía sumergida, que coloca a quienes cumplen con el fisco en una injusta situación de desventaja, se hubieran tomado medidas para acotarla, que claramente no es lo que este Gobierno quiere hacer. Pero medidas como las que nos hemos referido respecto a la rehabilitación de edificios pueden coadyuvar a reducirla, sobre todo en la denominada "chapuza doméstica", en la que lo de "¿lo quiere con IVA o sin IVA?" es y ha sido el pan nuestro de cada día. Si en cliente se ahorra unos suculentos puntos de IVA y además se puede desgravar en la declaración de renta un porcentaje significativo del coste incurrido, exigirá más a menudo factura legal y, por ende, ayudará a aflorar actividad sectorial actualmente opaca al fisco.