Aguirre quiere condicionar la estrategia de Rato sobre cualquier fusión que realice bajo su mandato
Seguros pone pegas a que el fondo de los empleados de Caja Madrid compre sus sucursales
La entidad quiere colocarles un lote de 158 oficinas, con un valor de 165 millones de euros
Fuentes financieras y políticas han confirmado a capitalmadrid.info que el Gobierno autonómico madrileño cuenta con una baza de última hora para condicionar la estrategia en Caja Madrid, algo de lo que no disfrutó con Blesa al frente de la entidad. Se trata de la incorporación a lo largo del mes de diciembre de una enmienda al proyecto de Medidas Fiscales y Administrativas -que tendrá que ser aprobado por la Asamblea regional antes de fin de año- que forzará a Rato a contar con el apoyo espcífico del Gobierno de Aguirre para propiciar caulquier tipo de fusión que emprenda la entidad en el proceso de consolidación de este tipo de entidades.
El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad, Antonio Beteta, ya había anunciado el pasado mes de noviembre que el Gobierno regional había incluido una modificación a la ley de cajas para introducir esta figura legal para el caso de fusiones virtuales o SIP. Esta figura legal ya existe en Andalucía, después que la Junta la incorporrara en su normativa. En el caso de la Comunidad de Madrid, la normativa tan sólo afecta a la única caja de la región. Ahora se le impone como requisito que para incorporarse al sistema de fusiones virtuales deba contar con autorización previa de la Consejería de Hacienda.
Venta de sucursales
Pero, de momento, ha surgido otro conflicto que pone en peligro la cuenta de resultados de la caja de ahorros madrileña y también los ahorros para la jubilación de sus empleados. Y ya se sabe que con las cosas de comer es muy peligroso jugar. Resulta que Caja Madrid, como muchas otras entidades financieras, está vendiendo los locales comerciales en los que están ubicados sus sucursales, quedándose en ellos como inquilino. La jugada, en principio, es redonda: Caja Madrid obtiene liquidez, genera plusvalías, se quita cargas en el balance y, en el fondo, nada cambia porque la sucursal sigue en el mismo sitio.
En Caja Madrid tuvieron la genial idea de que 158 sucursales, cuyo valor ronda los 165 millones de euros, los comprara el fondo de pensiones de los empleados de la entidad de ahorro. Este fondo sería el casero de esas oficinas de Caja Madrid durante 25 años, plazo ampliable hasta los 45 años, según la propuesta.
Pero la operación no ha gustado a algunos. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, órgano del Ministerio de Economía y Hacienda que tiene las funciones de supervisión sobre estos instrumentos de inversión colectiva, ha puesto reparos a la operación. No tanto a la compra de los locales comerciales en los que están colocadas las sucursales de Caja Madrid, sino porque considera que, si se hace esa operación, la entidad depositaria del fondo de pensiones de los empleados de Caja Madrid no puede seguir siendo ésta.
El departamento que encabeza, como director general, Ricardo Lozano argumenta motivos más bien estéticos, de buen gobierno, de separación de funciones para evitar conflictos de intereses en los planes de pensiones, máxime cuando se trata de uno en el que los partícipes son los trabajadores de la empresa que pone el dinero.
Oposición sindical
Más fuerte es la oposición del sindicato UGT a esta operación del fondo de pensiones de los empleados de Caja Madrid, en cuya Comisión de Control se sientan representantes suyos. UGT considera que, de llevarse a cabo la adquisición de 158 sucursales de Caja Madrid por 165 millones, supondría el 25% de este instrumento. También obligará a revisar la política de inversiones del fondo de pensiones, que hasta ahora no contemplaba operaciones inmobiliarias. El sindicato aprovecha para recordar que el fondo de pensiones de los empleados de Caja Madrid obtiene una rentabilidad bastante inferior a la que logran otros planes de pensiones gestionados por la entidad de ahorro que todavía y por muy poco tiempo preside Miguel Blesa.
Pero hay más. UGT pone abiertamente en duda la rentabilidad prometida por Caja Madrid al fondo de pensiones de sus empleados si finalmente realizan la adquisición de este lote de sus sucursales: 6% anual más el Índice de Precios al Consumo (IPC). Y cuestiona ese rendimiento porque considera que el mercado está en la actualidad prácticamente sobresaturado de locales comerciales de esas características, fundamentalmente por operaciones que han realizado el Santander, BBVA y otras entidades financieras.
Por ello, en UGT se temen que toda esta situación, especialmente la elevada ponderación de esos activos inmobiliarios en la cartera de inversiones, afecte negativamente a la rentabilidad a largo plazo, que es lo que realmente interesada a los empleados de Caja Madrid que tienen parte de su remuneración en ese fondo de pensiones.
El sindicato aporta otra razón, más bien estética o de imagen. UGT cree que, si ese fondo de pensiones de empleo termina adquiriendo ese paquete de sucursales de la caja, la entidad de ahorro madrileña vería deteriorada su imagen como tal, ya que "la mayoría de nuestros clientes verían la operación como un préstamo hipotecario de los empleados a su entidad, como si Caja Madrid no fuera capaz de encontrar en el mercado compradores para sus sucursales".
No obstante, en UGT asumen que Caja Madrid puede lograr su objetivo de que el fondo de pensiones de sus empleados se haga cargo de esas 158 oficinas y aporte 165 millones de euros a sus arcas. En la Comisión de Control de ese fondo de pensiones sólo UGT se opone a la operación. Comisiones Obreras y Accam, los otros sindicatos con representantes en el órgano que controla la gestión del fondo de pensiones (que realiza Caja Madrid), están a favor.