ANÁLISIS
Rato, Botella, Cobo, González, Gómez y hasta la secretaria de Aguirre..., la 'despolitización' de Caja Madrid
La nueva configuración del sector, pendiente de la estabilidad de la entidad madrileña
El tortuoso proceso de renovación de la Asamblea de Caja Madrid que debe concluir el próximo 28 de enero con la elección por los nuevos representantes de la Asamblea del consejo de administración y la designación de Rodrigo Rato como presidente, no supone la despolitización de la entidad como habían anunciado, sino todo lo contrario. Nunca un proceso de renovación había sido tan largo, polémico y complicado como el actual. Ni se habían incorporado a los diversos órganos de la entidad tantos políticos en activo como en esta ocasión. La renovación ha tenido que ser paralizada por los jueces, en dos ocasiones en un año, a petición de los políticos que se sentían perjudicados por las modificaciones. El proceso ha supuesto también la desautorización como candidato a la presidencia, del cada día más cuestionado vicepresidente de Esperanza Aguirre, Ignacio González, por su falta de adecuación para el cargo. Sólo la aparición del ex ministro Rodrigo Rato, cuya candidatura no satisfizo inicialmente al presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, ha conseguido volver a lograr la unanimidad para llevar adelante la renovación y paralizar los procedimientos en curso.
Pero pese al acuerdo no se han calmado las aguas en la batalla política interna en el PP. Sobre todo entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Desde diversos frentes del Partido Popular advierten de que a partir de enero se abren nuevos frentes entre Génova, Esperanza Aguirre y Gallardón. Falta por saber cómo los mismos podrán afectar al proyecto de "gran caja" que quiere llevar adelante Rodrigo Rato. Su objetivo es hacer de Caja Madrid la "gran caja europea" y ponerla a jugar en el entorno mundial donde juegan Santander y en cierta medida, BBVA. Aseguran que todavía no son muchos estrategas los que están trabajando en el diseño del proyecto. Pero nada será igual. Parafraseando a Alfonso Guerra, a "Caja Madrid no la va a conocer ni la madre que la parió".
Entre los más sorprendidos de todo lo que ha ocurrido se encuentra el todavía presidente de la entidad, Miguel Blesa. Cuando abrió el proceso electoral hace algo más de un año, lo último que pensó fue que el mismo acabara con él fuera de la caja tras haber llevado el enfrentamiento entre Aguirre y Gallardón a cotas inimaginables hasta el momento con la suspensión temporal de militancia del número dos de Gallardón, Manuel Cobo, que curiosamente encabeza la lista del Ayuntamiento a la asamblea de la caja por el partido que le ha suspendido de militancia. Es algo que Esperanza no soporta. Las consecuencias no se harán esperar. Los recursos mantenidos hasta ahora son pecata minuta respecto de lo que se promete.
El malestar comenzó con la aprobación de la nueva ley de cajas que había promovido el equipo de Esperanza Aguirre para que ellos pudieran mangonear mejor los representantes y la entidad. Su entrada en vigor a principios de 2009 provocó el rechazo conjunto del Ayuntamiento de Madrid y del Gobierno de la nación. El primero, el gran perjudicado al perder un elevado porcentaje de su representación en la Asamblea, y por lo tanto en los órganos de Gobierno de la entidad, justificó sus decisiones de apelar porque consideraba que no se pueden cambiar las reglas del juego una vez empezada la partida.
Y tras su cabreó, Gallardón decidió plantear su primer recurso judicial. Logró paralizar las elecciones durante unos días. La tensión con Aguirre fue "descriptible". Provocó que el presidente del lobby de las cajas, la Confederación Española de Cajas de Ahorros, Juan Ramón Quintás, estallara diciendo que se había producido el intervencionismo público más descarado que recordaba en los 26 años que llevaba en el sector. Y eso que hasta ha sido diputado.
Días después fue el Gobierno el que presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la ley de cajas de Aguirre al considerar que suponía una flagrante vulneración de la norma estatal
La nueva composición restaba representantes a ayuntamientos e impositores a favor de la Comunidad de Madrid que añade ahora 30 consejeros generales hasta contar con 62. Nadie dice que no tengan representatividad los diputados elegidos por los ciudadanos para su asamblea regional, pero el cambio fue diseñado a la medida para que Esperanza Aguirre, y en especial su mano derecha, Ignacio González, tuvieran el control de la Caja y este último consiguiera la presidencia de la institución. Era tan evidente que el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, acabó aceptando a un candidato al que antes había rechazado cuando se lo planteó Esperanza Aguirre.
Todo lo demás es historia. El Gobierno retiró su recurso ante el Constitucional cuando Esperanza modificó la Ley. En ese momento González cerró un acuerdo con Izquierda Unida, CCOO y la Unión Independiente de Impositores y Consumidores para dar estabilidad a la caja y garantizarse la presidencia. Consiguió incluso que se adhirieran al pacto el PSOE y UGT. Todo para despolitizar la caja.
A partir del día 28 se abren todas las posibilidades. No hay que descartar nada. En el proceso de fusiones la posibilidad de que Caja Madrid se fusione con importantes cajas de otras comunidades como las de la comunidad valenciana o gallega no sólo no se puede descartar, sino que está abierto y en curso. Rodrigo cuenta con el asesoramiento de los políticos más implicados en el sector. El objetivo no es sólo crear la primera caja de ahorros de España y de Europa, ni tampoco está en arrebatar el liderazgo a "la Caixa", lo que no será fácil. Sus directivos han dicho hasta ahora que su objetivo financiero no está en ampliar su presencia en España sino en el exterior. Que nadie ponga en duda que se abre una nueva era de consecuencias incalculables en la configuración futura del sector.