GALICIA
Feijóo ignora a Salgado e impone la aprobación mañana de la Ley de Cajas
Busca forzar la fusión de Caixanova y Caixa Galicia
Mientras la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, clamaba, como predicador en el desierto, que no era éste el mejor momento para andar enredando con reformas de las leyes autonómicas de cajas de ahorros, el PP encontraba un inusual (aunque innecesario, ya que tiene mayoría suficiente en el Parlamento regional) aliado en el Bloque Nacionalista Galego (BNG), socio del PSOE-PSG en el bipartito anterior y que fue el redactor inicial y presentador del proyecto ante la Cámara, para sacar adelante una norma extremadamente intervencionista.
Mucho más de lo que se atrevió en su momento a hacer Manuel Fraga, pese a sus tres mandatos al frente de la comunidad gallega (fue desbancado precisamente por el bipartito). El pacto contra natura de la derecha y de la izquierda nacionalista en Galicia funcionó como un rodillo para sacar apresuradamente la Lei de Caixas, cuyo objetivo real es forzar la fusión de Caixanova y Caixa Galicia (que figura desde hace tiempo en el programa electoral del Bloque, pero no en el del PP), crear la caja de ahorros única en la autonomía e impedir que desde el PP nacional traten de imponerse operaciones de concentración suprarregionales con Caja Madrid o Bancaja
El rodillo parlamentario de PP y BNG dejó la pasada semana en Comisión vista para sentencia la reforma de la Lei de Caixas, que se aprobará mañana en el Pleno. Las únicas enmiendas al proyecto elaborado por la Xunta de Galicia que se admitieron fueron las encaminadas a limitar al 75% el porcentaje de renovación de los órganos de gobierno de las cajas afectadas, para evitar recursos ante el Tribunal Constitucional que hubiesen paralizado o al menos retrasado la aplicación de la nueva ley. Alberto Núñez Feijóo tenía muy en mente lo que ha sucedido con la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid, modificada para facilitar el asalto a la cuarta entidad financiera más importante de España, Caja Madrid, y que a Esperanza Aguirre le salió el tiro por la culata: su candidato, el vicepresidente Ignacio González, fue sustituido por Rodrigo Rato.
Las prisas nunca son buenas. Y explican aberraciones jurídicas como que llegasen al debate en Comisión artículos de la Lei de Caixas que contravenían claramente sentencias del Tribunal Constitucional. Es lo malo de una tramitación tan apresurada, apenas 25 días (con la Navidad de por medio), de una norma tan compleja y con tantas implicaciones políticas y financieras. El Partido Socialista de Galicia se desmarcó desde el principio de una tramitación de urgencia, acusando al BNG de ser el tonto útil del PP y de la Xunta de Galicia.
Pero, al margen de la tramitación de urgencia, la propia Ley autonómica de Cajas impone las prisas en su aplicación. Las dos cajas afectadas tienen dos meses para acometer la renovación del 75% de sus órganos de gobierno. Según el PP; para evitar un vacío de poder en estas entidades financieras. Cuando en realidad es la modificación de la actual normativa la que crea ese vacío de poder. Máxime cuando la Xunta de Galicia ya posee derecho de veto sobre determinadas operaciones de las cajas cuya tutela posee en función del Estatuto de Autonomía.
Porque, curiosamente, para cambiar los estatutos sociales de las cajas, la nueva ley no tiene tanta premura y da un plazo de seis meses para aplicar los cambios. Algo que muestra que lo que en realidad busca la Xunta de Galicia, con la complicidad del BNG, es mover todos los obstáculos que existen a la fusión de sus dos cajas. Especialmente, a los responsables de Caixanova. Concretamente, a su presidente, Julio Fernández Gayoso, la persona que más (y de una forma públicamente notoria) se ha opuesto a una fusión que se quiere imponer a sangre y fuego.
Llama mucho la atención que el PP no aceptara la enmienda del BNG para rebajar de 70 a 65 años la edad máxima para continuar en los órganos de gobierno de las cajas y, por tanto, para acceder a la presidencia o a la dirección general. El detalle no es menor. Porque con 70 años la medida afecta sólo a Fernández Gayoso. Mientras que se la ley fijaba los 65 años también debería irse el director general de Caixa Galicia, José Luis Méndez, que de un pronunciamiento público en contra de la fusión ha evolucionado a un hábil silencio y a las actuaciones bajo bambalinas.
PP y BNG parecen convencidos de que la renovación del 75% de los órganos rectores de las dos cajas va a colocar en éstas a personas más proclives a la fusión. Lo que dice poco de la independencia de criterio y de la profesionalidad de los que tengan que representar los intereses de cada entidad. Porque la nueva Lei de Caixas provoca que el Parlamento gallego estará, por primera vez, en el consejo de las entidades (cinco miembros en Caixanova, seis en Caixa Galicia, sobre un total de 25). Gana el Parlamento, gana Feijóo, y pierde Fernández Gayoso, que se tendrá que ir, salvo que consiga quedarse a través de una fundación.
Pero también pierden las grandes ciudades de Galicia, tanto A Coruña como Vigo, donde se concentran los grandes ahorros de los impositores, porque su representación menguará en favor de pequeños y medianos, que podrán entrar mediante sorteo directo. Y puede perder la obra social, ya que los concellos temen que la Xunta condicione las actuaciones y las inversiones, no en función de la vinculación de la caja al municipio, sino por otros intereses políticos, electoralistas, o de otra índole inconfesable.