Rebelión contra la fusión virtual
Con el Comité de Empresa hemos topado
El Comité de Empresa de la Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI), entidad aragonesa de fundación eclesiástica, está preparando para antes de Nochevieja una asamblea de empleados contra el Sistema Institucional de Protección (SIP) en el que también participan, hasta ahora, la Caja Insular de Canarias y Caja Rioja. Pero no se conforma con esta medida de presión. Exige una reunión con el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias. Y no descarta acudir a los tribunales.
Lo mejor son los argumentos. La CAI es obligada por el Banco de España a adoptar un acuerdo vinculante para una fusión virtual con otras entidades de ahorro antes de que termine el año. Algo que coloca a la caja aragonesa "en una situación de no retorno". Pues bien. O se dan una prisa descomunal o difícilmente va a estar listo ese acuerdo vinculante antes de las uvas de Nochevieja. El Banco de España ha tardado meses en autorizar el primer SIP, el de Cajamar, y antes había rechazado otras propuestas similares (la de la Caja Rural de Asturias y la de las cajas de ahorros de Castilla y León).
Además, el Comité Intercentros señala que una carta del presidente de la CAI a todos los empleados, en la que, ¡faltaría más!, se defiende el SIP, "supone una clara afrenta" a éstos. Y que la mejor opción para la CAI es seguir "por sí sola", porque tiene "solvencia suficiente". Pone de ejemplo a otra caja de fundación eclesiástica, Caja Círculo, que señala que tiene autorización del Banco de España para seguir en solitario, tras rechazar la fusión que trataba de imponer el Gobierno autonómico entre todas las entidades de ahorro de Castilla y León, y otra propuesta de Caja Burgos (que ahora se incorpora al Grupo Banca Cívica, que da un paso más allá del SIP para crear un Grupo Contractual Consolidable) para hacer una fusión provincial.
Los sindicatos opinan que el SIP "no mantiene la personalidad jurídica" de CAI, cuando precisamente es ése el principal atractivo de esa fórmula de fusión virtual, que cada entidad conserva su marca, sus órganos de gobierno, su obra social, su vinculación al territorio. Sí puede haber una pérdida de capacidad decisoria, ya que en un SIP muchas medidas habrá que consensuarlas. Pero no puede meterse miedo al personal con que el SIP abre "una puerta a la privatización".
En la reunión con el presidente autonómico (si finalmente se celebra), el Comité de Empresa quiere informarle de que el SIP producirá "un vaciamiento" de competencias estatutarias, ya que las cajas implicadas serían "las ejecutoras" de las decisiones que tome la sociedad cabecera de éste. Pero espero que también le expliquen que los propietarios de esa sociedad son las cajas, entre ellas la CAI. Y no tiene por qué haber que elegir entre la obra social y los beneficios. Como hasta ahora. Cada entidad tiene libertad para fijar cuánto dinero destina a obra social, una vez que cumpla con la obligación legal de dotar las reservas.
El único elemento que puede preocupar a Iglesias es que la sociedad del SIP tendrá su sede fiscal en Madrid, "con lo cual habría un traslado de beneficios y trabajadores desde Aragón". Pero, en realidad, CAI seguirá tributando en Aragón por el negocio que genere allí, por lo que el supuesto perjuicio para la comunidad autónoma se va a quedar en el parto de los montes.
Y afirmar que el SIP va a generar una destrucción de empleo del 25% o del 30% de la plantilla es, además de alarmista, irreal. Porque la SIP puede generar empleo nuevo, además de reducir el de los servicios centrales y el de las áreas que se compartan.
Pero es evidente que Cervantes, si tuviera que escribir ahora El Quijote, optaría por "con el Comité de Empresa (en lugar de con la Iglesia), hemos topado".