EDICIÓN FIN DE SEMANA

En medio de la crisis, tanto EEUU como la UE se enfrentan a problemas de financiación

Cuánto nos va a costar ser más limpios y quién pagará la factura

Una cifra estimada, 100.000 millones hasta 2020, que los países en desarrollo exigen que abonen los ricos

Alfred Greens.– Cualquiera que sea el resultado práctico del acuerdo de mínimos alcanzado en la madrugada del sábado en la cumbre de Copenhague sobre el clima es evidente que el mundo tendrá que prepararse para asumir un coste, ya sea en términos medioambientales o en cuantiosas sumas de dinero, si el documento plasmado en la conferencia condiciona los objetivos vinculantes. Sea cual sea el resultado efectivo, las externalidades derivadas de un acuerdo a escala global que reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero alcanzarán cifras multimillonarias, según estimaciones preliminares, que cabe pensar actuarán como una especie de Plan Marshall a nivel mundial. Pero, ¿quién pagará  la factura de limpiar la atmósfera? Un ejemplo: las fábricas tendrán que cambiar sus instalaciones para introducir la costosa tecnología verde. Algunos cálculos barajan que los países en desarrollo deberán invertir unos 100.000 millones de euros anuales hasta 2020, y el grupo de los más pobres quiere pasar la factura a los ricos, a los que más contaminan.

Los expertos coinciden en que sin dinero no puede haber ningún compromiso, sobre todo teniendo en cuenta el frágil consenso en cómo y quién debe pagar la factura de entre el variado espectro de organismos e intereses que participaron en el debate para reducir las emisiones de carbono. Las agencias internacionales, el sector público de las naciones ricas y el sector privado son los potenciales candidatos a financiar el entierro del modelo energético nacido de la Revolución Industrial.

El anterior acuerdo climático, el Protocolo de Kyoto, limita las emisiones de los países ricos pero no obliga a los menos desarrollados, pero éstos recibirán financiación si lo hacen. En Copenhague se ha pretendido cambiar este enfoque y obligar a los países en desarrollo a ir reduciendo sus emisiones, si bien el mayor esfuerzo deberán hacerlo las naciones ricas. No lo han visto así algunos países asiáticos y del bloque bolivariano, como Venezuela, Bolivia y Cuba, que han denunciado el acuerdo de mínimos chino-norteamericano, ni tampoco algunos asiáticos, que denuncian los objetivos modestos de la cumbre.

La Unión Europea, que es la que ha insistido más en el nuevo tratado, tiene problemas para conseguir la suficiente financiación, y Estados Unidos, que no ha rubricado Kyoto, aunque el Presidente Obama ha avanzado la propuesta más alentadora, tampoco parece haber hecho avances significativos. EEUU ocupa el puesto 22 en eficiencia energética del mundo, lo que contrasta con las expectativas que, por poner un ejemplo, se abren en el mercado chino de tecnologías limpias, con crecimientos de hasta un billón de dólares anuales. En EEUU se ha abierto una corriente de opinión que trata de influir para que el país reaccione y se suba al cambio tecnológico en marcha para no perder mercados y puestos de trabajo.

En septiembre pasado, la Comisión Europea presentó un borrador de financiación para los países más pobres que cifraba el coste en 100.000 millones de euros cada año hasta 2020. Los líderes europeos aceptaron la estimación pero señalando que solo aportarían su cuota alícuota, eludiendo cualquier compromiso adicional. Las fisuras abiertas en las conversaciones sobre "la financiación climática" revela las dificultades que han existido para alcanzar un acuerdo lo más amplio posible en Copenhague. Países como Polonia, voraz consumidor de carbón, ya ha puesto reparos a que los países europeos menos desarrollados ayuden a sus vecinos ricos con fondos destinados a naciones más pobres del resto del mundo.

A la posición polaca se suma la presión de las empresas de sectores intensivos en emisiones de carbono, como el siderúrgico. Eurofer, que agrupa a las acerías europeas, dice que los 100.000 millones de euros anuales no es una cifra "realista y nunca será aceptada por los estados miembros". La industria del acero quiere garantías de que cualquier financiación no sea utilizada como subsidio a competidores.

Desde la perspectiva de las organizaciones ecologistas, se está instando a la UE a que presentara en la capital danesa una propuesta firme de financiación, al tiempo que temen que al final los países ricos escurran el bulto bajo el paraguas de un acuerdo impracticable. Los medioambientalistas califican de vago el borrador de propuesta llevado a la cumbre por Bruselas, que prevé que entre 22.000 y los 50.000 millones de euros provengan de los presupuestos de los ricos - los 27 aportarían entre el 10% y el 30%-; unos 38.000 millones del mercado de carbono, que aún no se ha creado, y el resto de los países pobres.

Ser limpios es caro y el momento económico no puede ser peor para financiar un cambio tan profundo del sistema productivo, cuyas industrias más sucias están en su mayoría en los países menos desarrollados, con legislaciones medioambientales poco estrictas y una mano de obra barata. Ahora, al arbitraje de los costes laborales le ha salido el arbitraje climático. "Sin dinero, no hay acuerdo. Eso está claro", sostiene una experta que ha participado en las negociaciones de la cumbre de Copenhague.