La concentración se acelera, como reclama el Banco de España
La balear Sa Nostra se apunta a la fusión de facto entre CajaCanarias y Caja Navarra
La CAI destituye a su director general por su oposición a la operación con Caja Rioja y Caja Insular de Canarias
En un fin de semana pródigo en conversaciones, contactos, negociaciones y otros movimientos entre cajas, se produjo el sí, quiero de Sa Nostra a Caja Navarra y CajaCanarias. De hecho, el presidente de la caja canaria, Álvaro Arvelo, y el direcyor general de Caja Navarra, Enrique Goñi, presentaron el sábado ante el consejo de administración de Sa Nostra, convocado de urgencia, el SIP y el Grupo Contractual Consolidable.
Hoy, el director general de la caja mallorquina, Pau Dols, acude al Banco de España junto a sus nuevos socios a presentar el acuerdo de intenciones de esta integración. Las tres cajas se dan un plazo máximo de seis meses para la creación de una sociedad cabecera, que integrará los servicios centrales, los seguros, las participaciones industriales, la banca de empresas. Las tres entidades mantendrán en sus respectivas zonas sus marcas, y habrá un apellido común, una denominación ligada a la Banca Cívica, para las sucursales en las áreas de expansión, donde no tienen presencia significativa.
Aunque no sea legalmente preceptivo, Sa Nostra puede llevar su incorporación a esta operación a la asamblea general del día 18, donde se tiene que aprobar una renovación de sus órganos de gobierno.
En otro de los SIP que hay en marcha también se han producido novedades. El consejo de administración de Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI), entidad de ahorro aragonesa de fundación eclesiástica, ha aprobado el protocolo de intenciones, no vinculante, para crear un Sistema Institucional de Protección con Caja Rioja y Caja Insular de Canarias que "reforzará la alianza estratégica" que mantiene con estas entidades desde hace 19 años. La otra entidad de Asociación Técnica de Cajas de Ahorro (Atca), Caixa Sabadell, ha optado por una fusión real con las demás cajas comarcales de Cataluña y Caixa Girona.
Pero la sorpresa ha sido la destitución del director general, Tomás García Montes, con efectos desde el próximo 31 de diciembre, al considerar los responsables de la caja que, con el proyecto del SIP; se inicia "una nueva etapa, que aconseja la renovación de la dirección general". Unas versiones señalan que García Montes se opone a la operación. Otras, que es la cabeza de turco que la CAI ha puesto en bandeja para que los sindicatos, muy críticos con el SIP hasta el punto de amenazar con una huelga y otras medidas de presión, acepten la alianza.
Según la CAI, el SIP surge para hacer frente a los nuevos retos planteados como consecuencia de la coyuntura económica y siguiendo las recomendaciones del Banco de España y del Ministerio de Economía y Hacienda para la reestructuración del sector financiero español. Esta fórmula contribuye a "reforzar la solvencia y la posición de liquidez, establecer mecanismos que permitan potenciar su eficiencia y rentabilidad a medio plazo, ampliar el acceso a los mercados mayoristas y preservar su personalidad jurídica como caja de ahorros, obra social y señas de identidad", argumentan en la entidad aragonesa. De esta forma, la entidad garantiza "su carácter fundacional, su vocación aragonesa y el compromiso de que su actividad financiera siga contribuyendo al desarrollo social, económico y cultural de Aragón como lo ha hecho durante más de cien años".
Ante la inquietud que el Comité Intercentros trasladó al consejo de administración sobre el proyecto del SIP y su petición de estudiar otras posibles alternativas, la caja anuncia que "reforzará la comunicación con la plantilla e impulsará una línea de trabajo con la representación sindical".
Por su parte, la Asamblea General de la Caja Insular de Ahorros de Canarias, en sesión ordinaria, ratificó por mayoría absoluta su integración en un SIP que creará la décima entidad de ahorro de España, con unos activos de 25.000 millones de euros, 552 oficinas y más de 3.000 empleados.
Las tres cajas crearán un establecimiento financiero de crédito que estará participado exclusivamente por estas entidades, que será el órgano de gestión y dirección del sistema, siendo responsable de establecer las políticas y estrategias del SIP, de llevar a cabo el seguimiento de la solvencia y liquidez del conjunto del grupo, y de asumir funciones centralizadas tales como la gestión de riesgos y la dirección financiera del grupo.