TENDENCIAS
El Plan de Estabilización del 59, una referencia obligada
Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea han decidido poner los deberes a una serie de países, entre ellos España, consistentes en colocar su déficit público por debajo del 3% de su PIB. Las cuentas, que deberán estar pasadas a limpio para 2013, obligarán al gobierno español a un esfuerzo fiscal del 6% a lo largo del periodo 2010- 2013. Las cuentas de Bruselas apuntan a que a finales del presente año, el déficit público en España alcanzará el 11,2% (muy por encima de las iniciales previsiones del gobierno) y la deuda el 74% en 2011. El cumplimento de estas tareas va a obligar al gobierno español a serias modificaciones para aumentar el crecimiento potencial del PIB; reducir drásticamente el desbocado gasto público; abordar reformas estructurales de gran calado en el ámbito de las pensiones, la seguridad social y la eficacia de las administraciones y, en definitiva, dar la vuelta al forro de la poco competitiva economía española por lo que se antoja más que insuficiente la Ley de Economía Sostenible propugnada por el presidente del gobierno.
Ante una tarea de tal envergadura y aun a riesgo de que alguien lo pueda considerar una boutade, sólidos economistas españoles –no precisamente nostálgicos- han empezado a evocar, cincuenta años después, una experiencia necesaria y olvidada por muchos de los actuales ciudadanos españoles, como única solución para la maltrecha economía española: el plan de estabilización de 1959, aunque en esta ocasión con importantes elementos diferenciadores y la participación de la UE y el FMI. Grecia no está tan lejos de ello.
Hace cincuenta años, un selecto grupo de economistas españoles, hoy medio olvidados, supieron diseñar un plan de medidas que permitieron dar un golpe de timón al modelo de crecimiento económico vigente hasta entonces que cambio la economía española. Hoy, todo parece indicar que hay que volver a dar la vuelta al calcetín. La recuperación por parte de estos economistas de aquel Plan de Estabilización del 59 se basa en una realidad incontrovertible abordar una serie de medidas estructurales en las que casi todos, incluida la UE, están de acuerdo y que van desde reestructurar a fondo el mercado laboral para que cada recesión no signifique regresar a niveles de desempleo insostenibles, hasta alcanzar un marco estable de financiación territorial, pasando por una reforma de la fiscalidad para que premie el ahorro y no el consumo o reconstruir el sistema educativo y crear los mecanismos eficaces para incentivar la innovación tecnológica, etc., etc., etc.
Tras la quiebra de Islandia en 2008, la alerta roja se ha extendido a otras regiones, siendo Dubai el país que ha protagonizado el último capítulo de default (impago) por parte de un estado, relanzando con ello el temor a un efecto contagio entre las economías emergentes e, incluso, potencias desarrolladas, como es el caso de Grecia. De este modo, un nuevo capítulo de la crisis subprime –ahora referida a la deuda pública- sigue su curso y tras admitir que su déficit público superará el 12% del PIB en 2009, el recién elegido presidente socialista griego, Papandreou, reconocía abiertamente que era necesario salvar al país de la quiebra.
En esa línea, el BCE ya había advertía de que algunos países- se supone que en exclusiva referencia a Grecia, corrían el riesgo de perder su "credibilidad" ya que según las últimas estimaciones de Bruselas, la deuda pública griega pasaría desde el 99% del PIB en 2008 hasta el 135% en 2011, a lo que habría que sumar la deuda privada que acumula el país helénico como resultado de la expansión crediticia auspiciada por el BCE durante los pasados años del boom.
En las últimas semanas y, sobre todo, tras el impago de Dubai, el riesgo de quiebra se ha disparado en el país helénico. Los CDS –un seguro contra impagos de deuda- de sus bonos se han disparado por encima de los 200 puntos básicos y ante la imposibilidad de devaluar su moneda, el gobierno griego estudia ya drásticos recortes en el gasto público y en los salarios de los funcionarios estatales, provocando duras protestas y enfrentamientos en las calles con los sindicatos.
La grave situación griega, es uno de los temas que más preocupa a los responsables de la Unión, pero no es el único país desarrollado con problemas. El Reino Unido corre el riesgo de convertirse en 2010 en la única economía del G-20 que sigue en recesión (España no pertenece al G- 20), y según los expertos el problema podría empezar a manifestarse a principios de 2010, dada la incapacidad del gobierno Brown de recuperar la credibilidad fiscal de las cuentas del Estado. España e Irlanda tampoco están exentas de riesgos.
No en vano, ambos países, junto con Grecia, lideran el déficit público de la zona euro, con tasas próximas al 10% del PIB. Es más, si se toma como referencia los últimos doce meses, el Gobierno español ha contraído 125.000 millones de euros adicionales de deuda, más de un 12% del PIB, según los últimos datos del Banco de España. De este modo, la crisis de deuda ya no sólo amenaza a los países bálticos, que han tenido que recurrir a los préstamos de emergencia facilitados por la Comisión Europea y el FMI, sino que se extiende a economías desarrolladas de la zona euro.
La independencia monetaria de EEUU y Reino Unido permitirá que ambos países jueguen con la política cambiaria y traten de mitigar la carga de la deuda pública haciendo uso de la vía inflacionaria. Sin embargo, en el caso de los países del euro esta devaluación no es posible y según prestigiosos analistas la amenaza de insolvencia soberana es real para algunos países de la Unión, a menos que la solidaridad fiscal de la UE puede ser invocada para sacarlos de apuros. El Ecofin y el BCE han hecho cuentas sobre el ajuste fiscal que deben hacer España y el resto de países con elevados déficits fiscales para cumplir con sus compromisos de estabilidad presupuestaria en los plazos previstos.
Y su conclusión, en el caso español, no puede ser más contundente. Si el Gobierno quiere lograr rebajar el déficit público hasta el 3% del PIB en 2013, debe recortar el gasto público en más de 30.000 millones de euros Aunque el volumen del ajuste puede parecer pequeño teniendo en cuenta el abultado desequilibrio fiscal español, hay que considerar que nos estamos refiriéndonos únicamente al déficit público “estructural”, aquel que se ha generado independientemente de la posición cíclica de la economía. Se trata, por lo tanto, del más difícil de eliminar en cualquier economía.
El gobernador del Banco de España, demonizado por afirmar que 2+2 suman 4, afirmaba recientemente que la magnitud del ajuste necesario es muy elevada y requerirá la adopción de medidas muy ambiciosas en todos los frentes de la actuación presupuestaria. El gasto improductivo -señalaba- tanto en consumo como en inversión, debe ser objeto de especial escrutinio y control a la vez que propugnaba revisar algunos elementos de la estructura tributaria.
Por el momento, Comisión Europea ha abierto procedimientos por déficit excesivo contra cuatro países de la zona del euro, concretamente Grecia, Francia, España e Irlanda y por lo que respecta a nuestro país y la ampliación del margen de 2012 a 2013, hace pensar que la convocatoria electoral en España de marzo de 2012 ha influido en la decisión de los ministros de economía y finanzas de la Unión de dar un año más de plazo para realizar el duro recorte del gasto público que supondrá bajar el déficit fiscal del 10-12% al 3% en apenas un trienio.
El ajuste español, en todo caso, deberá será el más intenso de todos los grandes países europeos. Las previsiones apuntan a que el déficit público alemán se situará en 2010 en el 6% del PIB, mientras que en Francia alcanzará un 7,5%, y un 5% en Italia. Lejos, de cualquier manera, del 9,5% que calculado inicialmente por el gobierno español de desequilibrio fiscal y cuya cifra no va a poder ser cumplida por España según ha reconocido el propio gobierno en fechas recientes.
Lo más preocupante, con todo, es que la mayor parte del déficit de España tiene carácter estructural, lo que significa que aunque la economía se recuperara de forma sorprendente en los próximos trimestres, el desequilibrio entre ingresos y gastos se mantendría, salvo un duro recorte presupuestario y un cambio de tendencia en los ingresos fiscales y no parece probable que las haciendas públicas puedan volver a beneficiarse a corto y medio plazo de los enormes ingresos que tuvieron durante el expansionismo inmobiliario.
Y todo ello en un momento en el que España tiene que pagar 1,15 puntos más caros sus bonos y este encarecimiento puede continuar, según los expertos, y anticipa lo que puede pasar a otros sectores de la economía. Tanto es así que a finales del 2007, a España le costaba lo mismo que a Alemania colocar sus bonos a 10 años; a lo largo del 2008 este diferencial se amplió a 1 punto porcentual y hoy se sitúa a 1,15 puntos. No ha pasado lo mismo con Alemania, Francia, Holanda, Finlandia, Suecia y Reino Unido, a quienes S&P ha confirmado su triple A. España ha seguido el destino de Grecia y aunque otras agencias, como Fitch, mantienen la máxima calificación para España, la decisión de S&P influyó poderosamente en los mercados encareciendo la colocación de sus bonos.
Post-it
El Plan de Estabilización de 1959. Desde mediados de los años cincuenta parecía evidente para todos que el modelo autárquico de desarrollo de la economía española estaba agotado. El crecimiento económico de España no podía hacerse sin contar con el exterior: España necesitaba importar productos energéticos y bienes de equipo. Así, la reanudación de la industrialización implicó la creciente importación de estos productos, por lo que la balanza comercial española tuvo un saldo cada vez más negativo, al tiempo que la inflación se situaba en niveles muy elevados y los recursos financieros eran cada vez más escasos.
Ante este hecho, las autoridades españolas, que contaron con la ayuda técnica y económica de Estados Unidos y de los organismos internacionales competentes, diseñaron un proyecto que tenía como objetivo acabar con la autarquía, reducir la intervención del Estado y permitir su crecimiento. Este proyecto cristalizó en el llamado Plan de Estabilización (1959) que en síntesis, preveía las siguientes actuaciones: (a)fijación de un cambio estable de la peseta con las otras divisas (el cambio en relación con el dólar se fijó en 60 pesetas, lo que en la práctica significaba una devaluación de la peseta; (b) reducción del gasto público y congelación del sueldo de los funcionarios; (c) moderación salarial para luchar contra la inflación; (d) reducción del intervencionismo del Estado en la economía; (e) liberalización de las importaciones y fomento de las exportaciones; (f) estimulación de las inversiones extranjeras, excepto en industrias de guerra, servicios públicos y actividades relacionadas con la información. Estas mediadas se complementaron en 1960 con la aprobación de un arancel muy proteccionista.
El Plan de Estabilización permitió, tras una breve recesión de dos años, un crecimiento espectacular de la economía española. Entre 1960 y 1973 se registró un nivel de crecimiento sólo superado por Japón.
TENDENCIAS es una publicación de análisis socioeconómico y circulación restringida, coordinada por Carlos Díaz Güell. La colección completa puede consultarse en www.serfusion.com