Monitor del Seguro
La imputación de Ricardo Lozano deja estupefacto al sector
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Dado por sentado que el barco de la naviera Echebastar Fleet no tenía una póliza específica de secuestro (algo que no existe en el mercado español pero que si ofrecen algunos corredores), -lo que en ese caso hubiera implicado que la aseguradora correspondiente hubiera negociado con los piratas la cuantía y el pago del rescate-, el seguro ha esperado la liberación del barco y su tripulación, en total 47 días, para empezar a actuar.
El buque español cuenta con una póliza de cascos abierta por la aseguradora AXA y en la que participan como coaseguradores Allianz y Estrella Seguros. Esta última está en proceso de fusión con Vitalicio, ambas filiales de Generali, tras decidir este grupo asegurador italiano reorganizar su negocio en España.
Una vez liberado el barco y ya en puerto, el seguro se ha puesto a trabajar y ha hecho lo que tenía que hacer. En primer lugar ha enviado un perito, en este caso es un comisario de averías, para evaluar los daños y pagar la correspondiente indemnización, todo ello según el contrato firmado ente ambas partes, porque en definitiva para eso está el seguro y para eso cobra por adelantado la prima.
Una primera evaluación de los desperfectos del barco y de los enseres robados por los piratas, estima que la indemnización superará con creces el medio millón de euros, más bien se acercará a los 600.000 euros, e incluso podría superar esa cantidad, pero hasta que no esté la peritación definitiva no se conocerá la cifra exacta. Puede ser cosa de pocos días.
Según los primeros datos, los piratas, que han estado campando a sus anchas durante los 47 días que el barco ha estado en su poder, "borrachos y drogados" según algunos tripulantes del barco español, además de diversos desperfectos en distintas partes de la nave, sobre todo en el puente de mando y en los camarotes, han saqueado todo lo que han podido. Entre las cosas que han rapiñado están la mayor parte de los enseres de la tripulación, a la que han dejado casi sin nada, pero lo que más han robado ha sido combustible, todas las reservas del barco, lo que va a constituir una de las partidas más caras a las que tenga que hacer frente el seguro.
A las aseguradoras, dada la proliferación de actos de piratería que se producen por esa zona en los últimos tiempos, no les queda más remedio que replantearse de nuevo este tipo de seguros. Las compañías pueden tomar una serie de medidas para evitar este exceso de siniestralidad que, entre otras, pueden ir desde no suscribir ese tipo de seguros -aunque tampoco está la situación como para perder nichos de negocio-, encarecer las primas, limitar las coberturas, excluir garantías de las pólizas o exigir medidas de protección, ahora que se ha autorizado la presencia de seguridad privada, o una combinación de todas o de algunas de ellas. Desde luego van a recomendar encarecidamente las medidas de protección a la vista de los buenos resultados. Concretamente el pasado fin de semana la seguridad privada del pesquero español "Ortube Berria" repelió un ataque pirata al suroeste de las Islas Seychelles, sin que el barco sufriera ningún tipo de daño personal o material.
Pero mientras se espera el informe definitivo del comisario de averías para saber exactamente la indemnización que va a pagar el seguro, ha causado un gran estupor en el sector la imputación del director general de Seguros, Ricardo Lozano por el caso AMA. También están imputados el ex subdirector de Inspección, Juan Pablo del Olmo; Rosa María Flores, ex auditora interna de la propia AMA, y el marido de ésta, Francisco Javier Córdoba.
La imputación de Lozano
El Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha admitido a trámite una querella criminal contra Lozano y los demás imputados por los presuntos delitos de falsedad documental, revelación de secretos y prevaricación interpuesta por la Agrupación Mutual Aseguradora (AMA). Esta imputación se conoce al día siguiente de que trascendiera que la Audiencia Nacional ratificase la inhabilitación del presidente de AMA y de los dos últimos secretarios del consejo, pero les retira las multas, que en conjunto ascienden a 675.000 euros, aunque les obliga a presentar avales bancarios por esa cantidad.
La guerra, si se le puede llamar así, viene de largo. En abril del pasado año, tras numerosas inspecciones a la Agrupación Mutual Aseguradora (AMA), la Dirección General de Seguros prohibió a la cúpula de la mutua que realizara actos de gestión y que dispusiera de los activos de la entidad que no derivasen de las operaciones de seguros, además inhabilitó durante 20 años a su presidente, Diego Murillo durante 20 años y multó con 225.000 euros al propio presidente, al secretario Manuel Campos y al ex secretario, Manuel Sánchez García, al considerar que habían cobrado en exceso cantidades en concepto de dietas. Seguros también multa a los miembros del consejo de administración y les exige que devuelvan, al menos, 2,5 millones de euros cobrados indebidamente entre los años 2004 y 2007.
Desde entonces, los dirigentes de AMA mantienen un duro enfrentamiento con la Dirección de Seguros en general, y con Lozano en particular, con el apoyo de la mayoría de los mutualistas que acuden a las asambleas, que han aprobado por abrumadora mayoría la gestión del consejo. En la querella, AMA señala que Lozano inició en 2007 "una serie de maniobras tendentes a cambiar el Consejo de Administración que gestiona la Mutua, con el fin de situar en su lugar personal a su servicio y disposición que le permitiesen el control y dominio de la Mutua".
Con anterioridad a esta querella, a finales de mayo de este año, un medio de internet con una sección específica dedicada a seguros, publicó una información un tanto tendenciosa sobre Ricardo Lozano, que pretendía sembrar dudas sobre la compra de su vivienda, la forma cómo la estaba pagando y hasta el dinero que cobraba él. Afortunada para todos esa supuesta información se diluyó como un azucarillo en agua y fuera por ese u otro motivo, el periódico en cuestión dejó de publicar esa sección específica de seguros.
Respecto a la querella actual, el Ministerio de Economía, organismo al que pertenece Seguros, ha salido al paso señalando que "no hay nada de qué preocuparse", que ya sabían desde hace semanas la existencia de esa querella y que la situación es de absoluta tranquilidad. Economía recuerda que la Dirección General de Seguros abrió un expediente a AMA por irregularidades gravísimas, que terminó en una sanción multimillonaria y con inhabilitación de altos cargos.
Pero a pesar de todo, Lozano, si no pasa nada, tendrá que declarar el próximo 28 de diciembre.
Y no es una inocentada. Palabra