El Gobierno de José Sócrates tendrá que introducir cambios para resolver las quejas
La Comisión Europea pone 'reparos' al Plan Hidroeléctrico Nacional de Portugal
Iberdrola, EdP, Endesa y constructoras españolas podrían ver retrasadas el inicio de las obras
Fue quizás por las prisas en sacar adelante su ambicioso plan de nuevas infraestructuras (AVE, autopistas, embalses, hospitales, escuelas...), cuyo desarrollo representara 20.000 millones de euros de inversión durante los próximos años, que el gobierno de José Sócrates pasó por alto algunas de las cuestiones relacionadas con el impacto ambiental que tendrán los nuevos complejos hidroeléctricos adjudicados a Iberdrola (cuatro), Endesa (uno) y EdP (cinco). Para el Partido Socialista (PS) era importante dejar el asunto ya zanjado antes de las legislativas del 27 de setiembre. Además, agobiado por el déficit, el Estado portugués también tenía prisas en hacer caja con los derechos de explotación de los futuros embalses durante 65 años: 623 millones de euros, de los cuales 330 millones corresponden a Iberdrola, y otros 33 millones a Endesa.
Las conclusiones del informe solicitado por Bruselas a expertos independientes van en la misma dirección de la denuncias formuladas por sectores ecologistas y a las cuales el gobierno de Sócrates no había prestado mayor atención: no se tuvo suficientemente en cuenta los efectos acumulados sobre el medio ambiente y la calidad del agua de los ríos utilizados; los embalses previstos en el norte del país están situados en zonas protegidas de la Red Natura 2000; las alternativas a los embalses con base en la relación coste/beneficio no fueron contempladas con todo el rigor exigido; y sobre todo, los autores del PHN pasaron por alto el efecto del cambio climático, que en las próximas décadas afectará los caudales mínimos de los ríos ibéricos, con lo cual los expertos consultados por Bruselas calculan que la producción hidroeléctrica será un 20% o un 30% inferior a las capacidades adjudicadas a Iberdrola, a Endesa y a EdP.
La reacción del Gobierno de Lisboa no se ha hecho esperar y consiste en desdramatizar el asunto, insistiendo principalmente en que el gabinete estudiará y tomará todas las medidas necesarias para adecuar el proyecto a las reglas comunitarias relacionadas con el medio ambiente y la calidad del agua de los ríos. Y sobre todo, Lisboa recuerda que los nuevos complejos hidroeléctricos, cuya puesta en servicio está prevista para el 2018, están muy en sintonía con la preocupación de la Comisión Europea, a favor de las energías renovables, que tendrán que alcanzar una cuota del 20% en el 2020, frente a los actuales 6,5%. Además, con 4.805 MW instalados, Portugal sólo utiliza aún un 46% de su capacidad hidroeléctrica, muy por debajo de Alemania (96%), Francia (95%), Italia (95%) y España (85%), mientras que con los nuevos embalses previstos ya alcanzara el 70%.
En lo que las autoridades lusas hacen hincapié, es que el "informe independiente" utilizado por Bruselas no afectará el desarrollo del PHN, y mucho menos la construcción de la decena de nuevos complejos hidroeléctricos adjudicados a Iberdrola, a Endesa y a EdP, y cuyo calendario seria pues innegociable. Iberdrola, por ejemplo, prevé iniciar la construcción de los embalses de Gouvaes, Padroselos, Alto Tamega y Daivoes en el 2012, para que puedan entrar en servicio a la fecha prevista del 2018, con una potencia total instalada de 1.134 MW y una capacidad de producción media anual de 1.900 GWhora.
Según el contrato de concesión firmado a principios de año, el proyecto hidroeléctrico de Iberdrola en Portugal será el más importante realizado en Europa durante el último cuarto de siglo: con 1.700 millones de euros de inversión, creerá 3.500 empleos directos y otros 10.000 indirectos, y tendrá un impacto total en la economía lusa - tan necesitada de este tipo de inversión - superior a los 5.000 millones de euros.
Iberdrola y Endesa no son las únicas empresas españolas que miran con alguna aprehensión el desarrollo de sus proyectos en el país vecino, que más parece una "caja de supresas", en lo relativo a las grades obras publicas proyectadas por los socialistas. Tanto es así que ante la fragilidad del gobierno de Sócrates, que ya no tiene la mayoría absoluta, el PSD no se da aun por vencido, en su cruzada contra la construcción de los tramos luso del AVE Lisboa-Madrid, cuyos concursos públicos, todos ellos con participación española, no van todo lo rápido que sería necesario para que la obra esté terminada para la fecha prevista del 2013.
Y lo mismo pasa con el Plan de Infraestructuras Nacional, que contempla la construcción de 1.500 kilómetros de nuevas carreteras y autopistas: la mayoría de los proyectos, también con alguna participación española, que ya fueran adjudicados. Sin embargo se enfrentan ahora al Tribunal de Cuentas, que rechaza los cambios de precio introducidos a posteriori por las empresas adjudicatarias, con base en el incremento de los costes financieros provocado por la crisis financiera mundial.