La medida dará a la caja un mayor margen para decidir en futuras operaciones de reestructuración

Aguirre dota a Rodrigo Rato de una vía legal para  propiciar una fusión virtual de Caja Madrid

La Comunidad madrileña incluirá el Sistema Institucional de Protección en su Ley de Cajas

Miguel Ángel Valero.– El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido incorporar a la Ley de Cajas autonómica el instrumento del Sistema Institucional de Protección (SIP), una figura procedente de la normativa de la Comunidad Europea y que se ha traspuesto a la legislación española, y que permite establecer alianzas estratégicas o fusiones virtuales entre entidades de ahorro. Buena prueba de las prisas que tiene la Comunidad de Madrid en esta cuestión es que la introducción de esa figura no se va a hacer, como sería lógico, modificando la Ley de Cajas, sino que se aprovecha la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2010, que suele acompañar a los Presupuestos Generales autonómicos, cuya tramitación ya está en marcha. Madrid imita así a Andalucía, aunque con un cierto retraso, porque en la comunidad autónoma que gobierna Juan Antonio Griñán esa medida hace tiempo que es efectiva.

Eso sí, ninguna entidad de ahorro andaluza ha propuesto un SIP ni se ha incorporado a los dos que hay en marcha: el formado por Caja Navarra y CajaCanarias y el que proponen Caja Rioja, CAI y Caja Insular de Canarias.

Para justificar tan inusitado interés por las fusiones virtuales, el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, explica que los SIP tienen su origen en una directiva comunitaria y son "acuerdos contractuales o legales" entre entidades financieras que establecen "alianzas estratégicas", sin llegar a fusionarse, destinadas a "garantizar su solvencia o liquidez" y a evitar quiebras (en realidad, lo que se establece es un mecanismo solidario de garantía entre las entidades que forman parte del SIP).

En el SIP, cada caja de ahorros mantiene su personalidad jurídica, pero puede ejercer actividades comunes con las demás, que ayudan a mejorar la solvencia y a optimizar costes "en una situación de crisis severa en el mercado financiero", según Beteta.

Que el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid no es precisamente un experto en SIP queda reflejado en otro argumento que Beteta ofrece: esta fórmula "permitirá a Caja Madrid actuar en el mercado financiero de la misma manera que otras cajas de ahorro españolas, manteniendo a la ver su personalidad jurídica". Pero esa ventaja de los SIP sirve para entidades pequeñas, que no tienen dimensión suficiente para acceder a los grandes mercados internacionales de financiación interbancaria y mayorista. No para Caja Madrid, que es la segunda caja de ahorros y la cuarta entidad financiera de España y que, por tanto, no necesita ningún SIP para obtener financiación a buen precio en los mercados internacionales.

A Caja Madrid se le impone como requisito para incorporarse al sistema contar con autorización previa de la Consejería de Economía y Hacienda. Pero Beteta precisa que debe ser el consejo de administración de Caja Madrid (donde los miembros nombrados por el PP son mayoría) el que tome la decisión de acogerse o no a un SIP.

Pero con esta medida tan apresurada vuelven las especulaciones sobre un doble movimiento, ya sugerido por algunos grupos dentro del PP, con muchas variantes posibles: Caja Madrid, Caixanova y Bancaja; Caixa Galicia, Caja de Ahorros del Mediterráneo y Caja Murcia. Para crear dos grupos capaces de competir con La Caixa y con las nuevas entidades que surjan tras este proceso de reestructuración del sector, garantizando de paso que siempre estarán controlados por el PP.

Es evidente que con Esperanza Aguirre de por medio habrá cajas para rato. Y no sólo para Rodrigo Rato.