Monitor de Coyuntura

Servicios,  la gran reforma

La transposición de la Directiva Bolkestein a la normativa española resulta complicada

Servicio de Estudios de "la Caixa".– El estruendo que provocan los indicadores y las noticias relativas a la crisis económica impide oír un murmullo suave, pero que va a ser vital en la evolución de la economía en los próximos años. Es el que provoca la reforma de los servicios, un sector que aglutina alrededor de dos tercios del valor añadido de las economías desarrolladas. A finales de 2006, el Parlamento y el Consejo europeos aprobaron, tras una larga y compleja negociación, la Directiva de Servicios o Directiva Bolkestein, por el comisario que la impulsó, la cual establece un marco jurídico general que favorece el ejercicio de la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios, así como la libre circulación de los servicios, incentivando un elevado nivel de calidad de estas actividades.

La transposición de esta directiva a la normativa española resulta complicada. En marzo de este año el Gobierno aprobó un anteproyecto de Ley sobre conceptos genéricos, conocido como «Ley Paraguas»; en junio se aprobó un paquete de reformas de carácter específico conocido como «Ley Ómnibus». Además, en julio se aprobó un proyecto de Ley específico sobre la regulación del comercio minorista.

¿A qué viene tanta complicación? Primero, se trata de cumplir uno de los preceptos establecidos en la fundación de las comunidades europeas a finales de los cincuenta: la libre circulación de los servicios. Las barreras que impiden el libre establecimiento de profesionales no nacionales en algunos países comunitarios son numerosas, y algo parecido sucede con las empresas, pese a los avances alcanzados. Pero la razón última del lanzamiento de la gran reforma que pretende ser la Directiva de Servicios es el patente retraso de la mayor parte de los países de la Unión Europea en el desarrollo del sector terciario.

En efecto, en los últimos quince años se ha abierto una brecha evidente en el crecimiento de la productividad sectorial entre los países con una legislación más liberalizada -Estados Unidos, Reino Unido, algunos pequeños países europeos- comparado con países con un grado de regulación superior, como la mayor parte de Europa continental. La evidencia empírica apunta a la distinta regulación sectorial como el origen de la divergencia. No se trata de regular más o menos, sino de que las normas permitan e impulsen la libre competencia, la innovación, la calidad y el acceso de nuevas empresas. No se trata de eliminar aquellas regulaciones justificadas desde un punto de vista medioambiental o social, sino de prescindir de las restricciones que van más allá del fin perseguido. Además, se trata de poner a la administración pública al servicio de la actividad económica, impulsando las «ventanillas únicas» y la realización de los trámites administrativos por vía electrónica.

aSe estima que el alcance de la Directiva de Servicios afecta a más del 40% del valor añadido de la economía española. Quedan fuera de la misma sectores para los que existe una regulación comunitaria específica, como las telecomunicaciones, el transporte o los servicios financieros (si bien es evidente que las regulaciones de estos últimos se hallan también en proceso de revisión), así como determinadas actividades, como la sanidad o los servicios sociales. Pero la naturaleza del sector terciario hace que las mejoras en la productividad del mismo se propaguen por el conjunto de la economía, tanto hacia el sector industrial, gran consumidor de servicios, como entre las diferentes actividades del propio sector. Mejorar los servicios significa conseguir una economía más eficiente y productiva y, por tanto, más próspera y con un mayor nivel de vida. Ésta es, precisamente, la recompensa que cabe esperar de la gran reforma. 

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