ANÁLISIS
Caja Madrid puede incurrir en desacato
La comisión de control decide seguir adelante con el proceso electoral pese a la decisión de una juez de paralizarlo
El ya de por sí tortuoso proceso electoral en Caja Madrid, conoció ayer un nuevo capítulo que podría hacer incurrir a los miembros de su comisión de control en desacato. Considera la mayoría, 9 de 13, que la decisión del Juzgado de Primera Instancia número 60 de Madrid, de paralizar de forma cautelar el complejo proceso electoral hasta resolver el recurso presentado por el Ayuntamiento de la capital no les afecta. La decisión, impulsada por representantes del Gobierno de la Comunidad de Madrid, se ha adoptado el mismo día en que se han conocido nuevas actuaciones institucionales para que el vicepresidente del Gobierno de Esperanza Aguirre, Ignacio González, no sea quien acceda a la presidencia de la entidad dada su falta de perfil profesional para ejercer el cargo. Hasta el propio Banco de España ha hecho llegar su opinión contraria ante los líderes políticos del partido para no sea él la persona designada para dirigir la segunda caja española y europea. La razón es clara. No cuenta con la experiencia necesaria en el sector para desempeñar tan importante función.
Aunque el supervisor no ha entrado a valorar su peculiar sentido de la gestión empresarial, los más diversos sectores del PP han manifestado a Mariano Rajoy la conveniencia de que se oponga a un nombramiento tal. González cuenta con importantes enemigos dentro de la estructura nacional del partido. algunos de ellos incluso ex compañeros en el Ejecutivo regional. Pero es de sobra conocido que el propio Mariano Rajoy no le es afecto, sobre todo desde que González se manifestara muy crítico con el liderazgo del presidente del PP antes del último Congreso nacional del PP celebrado en Valencia.
Pese a todo, nueve de los trece miembros de la comisión encargada de supervisar las elecciones de la entidad consideró ayer que pueden seguir adelante en el proceso electoral de la entidad, pese al auto de la titular del juzgado de Primera Instancia número 60 de Madrid, en el que pide la paralización del mismo.
Bien es cierto que los miembros dejarán pasar el tiempo hasta el próximo miércoles para volver a reunirse y decidir si es posible continuar con la elección de consejeros generales de la caja. Para ese momento contarán con un informe sobre como interpretar si la medida cautelar de la juez obstaculiza sólo aquellas decisiones que tengan que ver con el Ayuntamiento de Madrid o paraliza todo el proceso.
La Comisión de Control también acordó trasladar a su presidente, Miguel Blesa, su rechazo al recurso presentado por el Ayuntamiento de Madrid al reparto de consejeros de la Casa Real, motivo fundamental por el que se paralizó el viernes, el mismo día en que el Comité Olímpico decidió no dar la organización de los Juegos Olímpicos del 2016 a Madrid, el proceso electoral de la caja.
En la carta piden a Blesa que le haga llegar a los servicios jurídicos de la entidad la posición contraria de la mayoría de la Comisión a la impugnación del consistorio. Con ello los consejeros que defienden la aplicación de la actual ley autonómica de cajas para el reparto de los consejeros reales, quieren ver garantizado que sus argumentos llegarán a la juez antes de la fecha límite para presentar alegaciones por parte de los servicios jurídicos de la entidad, fijada en el 2 de noviembre, para que la magistrada pueda resolver el recurso del Ayuntamiento de Madrid.
El problema para los consejeros que representan los intereses de la Comunidad es que no saben si deben acudir ante la juez los servicios jurídicos de la propia entidad o la propia Comisión de Control, órgano que defiende la aplicación de la ley actual.
Su temor es que si acudieran los servicios jurídicos de la caja, sus argumentos ante la juez serían muy similares a los del Ayuntamiento de Madrid, mientras que si acude la Comisión de Control, serían completamente opuestos.
Además de estas comparecencias, con el fin de que la juez levante la suspensión cautelar y el proceso pueda continuar, la Comunidad de Madrid anunció que pediría personarse como parte del proceso judicial.
Con el recurso Ruiz Gallardón ha tratado de garantizar una presencia en los órganos de gobierno de la caja similar a la que tenía antes de la modificación de la ley a propuesta del Ejecutivo de Esperanza Aguirre.
Este recorte ha llevado a que los servicios jurídicos del ayuntamiento reclamen la paralización cautelar de las elecciones hasta que se aclare como deben repartirse los 64 consejeros generales en la Asamblea de Caja Madrid que corresponden a la Casa Real, como entidad fundadora de la Caja y que, como es tradicional en los últimos años, ha renunciado a ellos.
La petición del Ayuntamiento fue atendida por la juez, quien decidió el pasado miércoles tomar la decisión cautelar de paralizar el proceso electoral.
Los actuales gestores, próximos a Ruiz Gallardón y contrarios a los intereses de renovación impuestos por Esperanza Aguirre e Ignacio González, consideran que la paralización afecta a las elecciones en su conjunto. La mayoría de la Comisión, próxima al Ejecutivo madrileño, en cambio no lo entiende así.
Los partidarios de Gallardón interpretan que la propuesta de seguir adelante con el proceso electoral supondría incurrir en un desacato a la decisión de la juez, ante la que no cabía recurso.