ANÁLISIS

Ordóñez provoca un revulsivo en las filas socialistas, que no se atreven a discrepar de Zapatero

Críticas a la política fiscal y laboral

José Hervás.– No defraudó ayer el Gobernador del Banco de España en su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los diputados para explicar su opinión del proyecto de cuentas públicas para el próximo ejercicio. Reiteró una vez más la necesidad de introducir reformas urgentes en el mercado laboral. Lo justificó en esta ocasión por las dimensiones que ha adquirido el gasto público derivado del deterioro del empleo, 30.000 millones de euros al año. Pidió la reforma de la educación, por ser esencial para afianzar un aumento continuo del capital humano y fortalecer una de las principales fuentes de mejora de la productividad. También recordó la larga lista de reformas pendientes para aumentar la competencia en muchos sectores, como los servicios, la energía, el transporte ferroviario de mercancías entre otros. No se olvidó de la reforma del sistema financiero, aunque no quiso entrar en detalles. Considera que es un terreno que no debe compartir con los políticos. Ordóñez provocó entre algunos diputados socialistas admiración y envidia.

Algunos de ellos han asegurado a Capital Madrid no atreverse a hablar de nuevo con el presidente del Gobierno para exponerle que hay que tener un pie en la tierra para comprender lo que está pasando. Uno de ellos incluso precisa que, desde que se atrevió a mostrarse crítico con algunas de las decisiones de Zapatero en materia laboral y económica, en la que por cierto este diputado es un experto de largo recorrido, no le ha vuelto a pedir opinión. Lo mismo que ocurrió con Solbes y Sevilla.

Aunque Fernández Ordóñez se permitió apoyar a la actual vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, frente a las estimaciones de déficit del Fondo Monetario Internacional, dando por hecho que la previsión acertada es la del Gobierno, en cambio no dudó en criticar la nueva tributación de las rentas de capital. Para Ordóñez, los dos tipos distintos, al 19% para los primeros 6.000 euros y al 21% para el resto, va a dificultar la gestión de Hacienda y desviará recursos que podrían destinarse a frenar el fraude.

Para el Gobernador lo que se va a ingresar por un lado, con la subida de los tipos, lo van a gastar por otro, al mantener la vigilancia de que los impositores  cumplen con sus obligaciones. Las precisiones posteriores del secretario de Estado de Hacienda le sonaron a música celestial.  Carlos Ocaña aseguró que  la propuesta del Ejecutivo sobre la diferenciación de la tributación de las rentas del ahorro en dos tipos es una forma de introducir progresividad de una forma razonable y comedida.

Ocaña se sintió obligado en añadir que además el Plan de Prevención del Fraude Fiscal perseguirá el próximo año a las empresas con economía sumergida, que no sólo perjudican a Hacienda y a los ciudadanos, sino también a las empresas que pagan sus impuestos.

Donde menos agrada a los diputados socialistas y de Izquierda Unida es en su empeño en defender la remuneración de los ejecutivos de la banca. Dice que se aplican con transparencia, pese a que resulta prácticamente imposible conocer los ingresos de más del 50 por ciento de los consejeros del sector.

Quizás por ello matizó que ante los riesgos futuros que las autoridades de todo el mundo tratan de buscar esquemas de retribución para que no dañen a los bancos. Por eso el Comité Europeo de Supervisores Bancario está tratando de acordar una norma que, cuando se apruebe, se aplicará en España.

El Banco de España espera que las entidades de crédito españolas implanten antes de finales de año las recomendaciones internacionales sobre transparencia en la política de remuneración de los consejeros.