Las de Toledo, Ciudad Real, Segovia, Fuentepelayo y Almendralejo, más Ipar Kutxa y la rural vasca
Las cajas rurales aceleran su concentración ante las dudas del Banco de España
El supervisor insiste en que haya, como máximo, un par de fusiones virtuales en el sector
Entre las promotoras figuran las rurales de Toledo, Ciudad Real, Segovia, Fuentepelayo y Almendralejo, más Ipar Kutxa, la rural vasca. Y eso que el proyecto inicial del SIP de AFI o de las pequeñas, como se le conoce coloquialmente (aunque hay alguna grande), había 41 entidades, que suponían el 28,4% del sector. Pero se descolgaron primero Caja Campo, que optó por el Grupo Cooperativo Cajamar, al que se han unido también las rurales de Albalat y de Casinos; luego, algunas de las 17 rurales valencianas que constituyeron con Ruralcaja, promotora del SIP de las grandes o de Garrigues, el Grupo Cajas Rurales del Mediterráneo (CRM), entre ellas Crédit Valencia. También sufrió la desvinculación de la Caja de Ingenieros, una cooperativa de crédito, que inicialmente se mostró interesada en el proyecto.
El gran argumento del SIP de AFI es que exige a sus miembros unas ratios de solvencia muy superiores a los que fija la normativa vigente. Algo que siempre gusta en el Banco de España. Lo mismo que una cobertura amplia de la morosidad y un nivel suficiente, y capaz de pasar las pruebas de estrés más exigentes, de liquidez.
Al margen de esta fusión virtual, las rurales provinciales más grandes han acelerado también sus trabajos, con el bufete Garrigues como asesor, para la creación de otro SIP. Está previsto que el Grupo CRM se integre en él, aunque varias de las rurales valencianas ha advertido a Ruralcaja que la pertenencia a un grupo no implica automáticamente la incorporación al otro. Además de Ruralcaja, están las rurales del Sur (fruto a su vez de la fusión entre la de Huelva y la de Sevilla), Granada, Navarra y Asturias. "El SIP tiene la puertas abiertas", afirma el presidente de la Caja Rural del Sur, José Luis García Palacios, al resto del sector.
Entre medias, el proyecto que impulsa la Caja Rural de Córdoba, con una veintena de entidades medianas, y que parece abocado a integrarse en uno de los SIP en marcha. Y luego hay una quincena de rurales de la Comunidad Valenciana, más las de Baleares o Murcia, que no han tomado partido hasta ahora, pese al insistente cortejo a las que se ven sometidas tanto por Ruralcaja como por Cajamar.
Y las cooperativas de crédito no parecen tampoco sentirse muy atraídas por este proceso desatado entre las cajas rurales. La entidad que compite con Cajamar por el liderazgo del sector, la Caja Laboral Popular, ligada a Mondragón Corporación Cooperativa, ha dejado muy claro que no se plantea fusiones.
Por su parte, el presidente de la Caja Rural de Segovia, José María Chaparro, subraya que la iniciativa para la necesaria concentración del sector debe partir del Grupo Caja Rural (en el que no está Cajamar) y que "si al final existe otro SIP, evaluaremos cuál es el mejor y haremos una propuesta a nuestros socios para ver en cuál queremos estar". Pero deja claro que "lo lógico es que al final acabe habiendo un único sistema en toda España".
Pero no debe ser tan lógico cuando en el reglamento de CRM figura una cláusula que obliga a las entidades a permanecer en el grupo al menos diez años y que sólo podrán darse de baja si la comunican con dos años de antelación. Y es que nadie quiere perder peones en la complicada partida de ajedrez que supone la concentración de un sector financiero muy atomizado y estrechamente vinculado al territorio (sólo Cajamar tiene una auténtica expansión nacional). Y todo bajo la atenta mirada del Banco de España, que quiere más competitividad y eficiencia en ese sector.