Monitor de la Construcción
Este mercado mueve 6.000 millones de euros anuales
La vuelta por necesidad al sistema concesional pero sin peaje explícito
La crisis fuerza a las adimistraciones a ensayar viejas fórmulas
Se deja -de momento- de demonizar las concesiones y se promete su uso en cantidades industriales. El mercado concesional vuelve a salir del pozo, parece, pero siempre huyendo lo más posible de ese concepto básico para el buen fin de estas operaciones que es el peaje explícito.
El mercado de las concesiones en España por parte de las tres administraciones públicas en los últimos seis años -recogiendo los proyectos de más de seis millones de euros, según el cómputo de la asociación de las grandes constructoras, que da un total bastante fiel del conjunto- ha movido una media de cerca de 6.000 millones de euros anuales, un porcentaje medio de entre el 0,7% y un escaso 0,8% del PIB anual, y se ha aplicado en el período a más de 375 operaciones. La Administración central ha puesto en marcha con este sistema 35 proyectos por importe estimado de 10.746 millones de euros; la Administración autonómica lo ha hecho con 144 proyectos por importe de cerca de 18.200 millones de euros; y la Local lo ha aplicado a 195 proyectos por importe de casi 5.700 millones de euros.
Se ha aplicado a proyectos de todo tipo, no solo de infraestructuras. Dentro de ellas, la parte más importante se ha ido a mantenimiento y reposición de infraestructuras ya existentes; en estos casos, e incluso en los de nueva construcción, no se ha utilizado el sistema de peaje explícito sino el denominado peaje en sombra, en el que el usuario sigue utilizándolas sin abonar peaje, pero éste es satisfecho por todos los contribuyentes, usen o no estas carreteras, a través de pagos del ente público concesionario -variables según el tráfico- a lo largo de toda la vida de la concesión.
La envergadura individual media de cada proyecto es mucho mayor en la administración central, menor en la autonómica y mucho menos significativo en la local, respondiendo estas medias lógicamente a las capacidades y necesidades derivadas de vertebrar o dotar a todo el Estado y que por tanto benefician también a las comunidades autónomas y a los municipios, o a las derivadas de dotar únicamente al territorio de cada comunidad y al más pequeño ámbito geográfico y demográfico local de los ayuntamientos. Así, la media de inversión por proyecto ha sido en estos seis años analizados (2003-2008) de 307 millones de euros en el caso de la administración central, 126 millones en el de las Comunidades autónomas y ya muy lejos de esos importes, de 29 millones de euros por cada proyecto local. En ningún año se ha llegado a la cuarta parte de la licitación pública total.
Un primer análisis de la evolución de estas magnitudes arroja conclusiones significativas. En primer lugar que la Administración central, desde 2003 en el que licitó por este concepto 3.500 millones de euros, ha dejado en blanco los años 2004 y 2006 y en cantidades muy bajas, apenas testimoniales, los años 2005 (641 millones) y 2006 (955 millones). Sólo en 2007 y fundamentalmente por solo programa -la rehabilitación, reposición de firmes y obras complementarias de reforma de trazado de las autovías de primera generación- licitó bajo la modalidad de peaje en sombra nada menos que 5.649 millones de euros en los 13 proyectos derivados de esta actuación, llevando ese año el conjunto, del pico conseguido en 2003 con el 21,2% del total de licitación total en todo el Estado, a un 24%, máximo en el período considerando.
Las CC.AA. han mantenido un ritmo mucho más igualado año con año habiendo utilizado el sistema todos los años del período y los municipios, que también han utilizado el sistema todos los años, después de dos años (2003 y 2004) de muy bajo uso del sistema cogieron carrerilla, manteniendo el resto de años del período analizado en magnitudes entre los 706 millones de 2007 y los 1.986 millones de 2005.
Desde la óptica de las empresas puramente constructoras e incluso desde el de algunas concesionarias, la postura habitual es, en este debate/dilema de si peaje pagado por el usuario o peaje pagado por la administración, aplicarse la famosa máxima confuciana/felipista de que "no importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que cace ratones". Y no pude reprochárseles semejante pragmatismo puesto que su fin es mantener y si es posible hacer crecer su cartera y su negocio. Pero desde el punto de vista político y por tanto social, ya es otra cosa.
Aparte de la necesidad de mejorar ostensiblemente los procedimientos de desarrollo, licitación, adjudicación y reparto de responsabilidades entre concedente público y concesionario privado -que por cierto, cuando no son los adecuados ocurren desastres como el que ha afectado a los contratos de concesión de la reforma de las autovías de primera generación y que a la postre nos van a costar una pasta gansa a los contribuyentes, a todos, usemos o no esas infraestructuras-, no se puede entender desde una equidad medianamente objetiva que nuestros gobernantes consideren lógico que el usuario pague por la luz, el gas, el uso del tren o del avión o incluso co-pague los medicamentos, y considere como no "progresista" pagar por usar otras infraestructuras de transporte como es el caso de las carreteras. Aunque lo diga la UE; a esos les echamos a Maradona.