TENDENCIAS
Así no se dialoga
Y todo por decir que el Gobierno se ha quedado sin margen para la política fiscal al alcanzar un déficit del 10 por ciento del PIB y una deuda más allá del 60 por ciento. Verde y con asas: la única salida son las reformas estructurales y, en concreto, la reforma laboral.
Hablar de la necesidad de acometer una reforma estructural del mercado del trabajo en España es mentar la bicha y aunque se podría entender que la expresión del sindicalista responde más a un calentón mitinero que a una razonable posición de inicio, el apoyo recibido por los secretarios generales de CCOO y UGT, pidiendo al gobernador que "se dedique a su trabajo", indica ignorancia de lo que se está hablando y escasa cintura para comenzar a hablar.
Ignorancia porque el gobernador del Banco de España, en primer lugar, está cumpliendo con sus funciones de "asesorar al Gobierno, así como realizar los informes y estudios que resulten procedentes", aunque algunos crean que hoy la institución se sigue dedicando a emitir moneda. Ignorancia, porque el gobernador de un banco central nunca habla a título propio sino que lo hace en nombre de una organización que se dedica a estudiar la evolución de la economía española con minuciosidad y a emitir un juicio técnico y profesional que va más allá de simples postulados ideológicos. Y enviar a casa a todo el cuerpo de servicios de estudios de la entidad y a los componentes de sus órganos rectores, aumentaría la tasa de paro existente y no estamos para ello. Mal empieza el curso si todo lo que se tiene que aportar para hacer frente a una de las situaciones más delicadas de la economía española, pasa por deslegitimar a quienes más tendrían que ofrecer al mismo.
El presidente del Gobierno la propuesto cambiar el modelo económico sin contemplar reforma alguna en el mercado del trabajo, lo que resulta una contradicción puesto que la reforma laboral forma parte del cambio de modelo. Cambiar el patrón de producción y aplicar reformas estructurales hace al sistema más competitivo, pero también mejora el funcionamiento de los mercados del trabajo y del capital. A su vez, estas reformas favorecen el cambio de modelo, aumentan la productividad y permiten un crecimiento saneado del que tan necesitado estamos. Ambos procesos van ineludiblemente unidos.
Sin embargo, parece existir una tendencia diseñada en laboratorio -con la colaboración explicita del gobierno- por identificar reforma laboral con despido libre, lo que no deja de ser en opinión de muchos una argumentación falaz, aunque haya empresarios que solo entienden ese lenguaje. Entender que un mercado laboral es más flexible cuanto más libres sean sus condiciones de contratación y de despido, resulta un argumento paupérrimo en una economía globalizada que, guste o no, impone sus leyes aquí y en la República Popular China.
La solución, en opinión de ortodoxos economistas, tampoco pasa por una actuación asistencial que prolongue la duración de las ayudas públicas al desempleo que sólo sirve para contentar a los fieles pero que no crea necesariamente puestos de trabajo y lastra la recuperación económica.
De las muchas aportaciones que se han hecho al debate, reformar el mercado laboral significa mejorar sus estructuras y hacerlo más adaptable al entorno. Esto comporta, una fiscalidad que no penalice la contratación; aumentar los incentivos para que valga la pena trabajar; enriquecer la educación y formación profesional y capacitar al trabajador para que se adapte a las nuevas tecnologías; aumentar la flexibilidad del tiempo de trabajo para que los trabajadores satisfagan las necesidades de la producción, pero puedan conciliar trabajo y vida familiar; mejorar las relaciones laborales; revisar el ámbito de los convenios colectivos; flexibilizar los costes salariales que faciliten el ajuste y la competitividad de las empresas; mejorar la movilidad geográfica, sectorial y funcional del trabajador; y, flexibilizar las condiciones de contratación y despido, incluyendo la duración del contrato. En este planteamiento, las condiciones de contratación y despido no son una anécdota, pero tampoco el centro del universo y el objetivo fundamental no es otro que asegurar la probabilidad de mantenerse empleado.
El Gobierno lo sabe o lo debería saber y recae sobre él la obligación de hacer pedagogía para que no se genere un clima de inestabilidad en el mercado laboral, se socave la confianza en nuestra economía, y caigan las expectativas de inversión futura en España.
Nadie discute que la crisis económica tenga un origen laboral. Sin embargo, España está sufriendo una destrucción de empleo muy superior a la de la mayoría de los países desarrollados. Con una tasa de paro que puede alcanzar el 20% en los próximos meses, parece lógico atacar las causas que generan una destrucción de empleo tan intensa y no hay medidas fiscales ni de fomento del empleo eficaces si no se corrigen los principales problemas que provocan un funcionamiento tan ineficiente del mercado de trabajo español.
Con ser importantes los manifiestos en uno u otro sentido, sin que ello comporte la necesidad de arrojárselos uno a la cara del otro y entendiendo que resultaría complejo y poco defendible que los trabajadores, que ya se enfrentan al descomunal problema del paro, tuvieran que cargar con la mayor parte de los sacrificios que impone una coyuntura que no han desencadenado, los sindicatos no dicen verdad cuando aseguran que una reforma del modelo de relaciones laborales no podría haber evitado en buena medida el fortísimo desempleo que padecemos ni es capaz de reducir el alto número de parados actual. Otros países como Alemania lo han conseguido y no podemos olvidar que allí la recesión ha sido más fuerte que en España y mientras que en Alemania el desempleo entre abril del 2008 y abril del 2009 creció en Alemania del 7,4 al 7,7%, en España casi se duplicó, pasando del 10% hasta el 18,1%. El gobierno alemán no es desde luego ajeno a estos resultados con independencia de las grandes diferencias de las dos economías.
Así las cosas, frente a las posturas inmovilistas de los sindicatos, una teórica corriente mayoritaria de economistas podrían firmar la necesidad de actuar en cuatro frentes de forma coordinada.
En primer término, parece necesario reducir la alta volatilidad del empleo generada por un mercado de trabajo en el que desde veinte años cerca del 30% de los asalariados tiene un contrato temporal. En las fases expansivas del ciclo económico, este modelo genera una fuerte creación de empleo, si bien concentrada en sectores de baja productividad, mientras que en las fases recesivas exacerba la destrucción de empleo.
Este aspecto se ve reforzado por el segundo problema: una negociación colectiva muy rígida y sectorializada, demasiado centralizada en algunos casos e insuficientemente coordinada en otros. Esta estructura de los convenios sigue dificultando la adaptación de las condiciones de trabajo a las necesidades productivas de cada momento y suponen un freno a los aumentos de la productividad.
En tercer lugar, los mecanismos de protección a los parados no alcanzan una cobertura suficiente, a la vez que en algunos casos desincentivan la búsqueda de empleo, alargando innecesariamente la duración del paro.
Por último, España tiene grandes carencias en las políticas activas que persiguen ayudar a los parados en su búsqueda de trabajo que requieren cambios sustanciales.
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